En una decisión que marca un antes y un después en el sistema de seguridad social colombiano, la Corte Constitucional avaló la mayor parte de la reforma pensional, contenida en la Ley 2381 de 2024, en un fallo dividido que obtuvo siete votos a favor y uno en contra. La determinación del alto tribunal, que se enfocó principalmente en discusiones de tipo procedimental, da luz verde a una norma que promete transformar el esquema de pensiones al unificar el sistema bajo la administración de Colpensiones y aumentar las semanas mínimas de cotización exigidas. Sin embargo, el debate sobre la viabilidad fiscal a largo plazo y el impacto social sobre millones de trabajadores que no cumplen los requisitos para pensionarse queda completamente abierto y genera una profunda controversia entre expertos y opositores.
La reforma, sancionada por el presidente Gustavo Petro en 2024, establece un nuevo paradigma: se elimina la competencia entre los fondos privados y el régimen público, centralizando las cotizaciones en Colpensiones bajo un sistema de reparto. El Ministerio de Hacienda ha sido claro en sus proyecciones, advirtiendo que el gasto extra que implicará la implementación podría alcanzar hasta 54 billones de pesos anuales en el periodo de mayor presión fiscal, y que el costo acumulado hacia el año 2100 podría acercarse a los 500 billones de pesos adicionales, cifras que encienden las alarmas sobre la sostenibilidad del erario.
El costo fiscal y los ‘pensionados’ de 80 mil pesos
Uno de los puntos más críticos y que ha generado mayor rechazo es el aumento de las semanas de cotización exigidas. Quienes estaban en fondos privados ahora deberán acreditar 1.300 semanas, en lugar de las 1.150 que se requerían anteriormente, para acceder a una pensión. El problema, según advierten los críticos, no es solo la exigencia de cotizar más tiempo, sino el dramático resultado para quienes no lo logran. El economista Walberto Ramos, expresidente de Consa, ilustró la situación con un ejemplo contundente: una persona que haya cotizado apenas 300 semanas, incluso si ha realizado aportes altos que le dejaron ahorros de 300, 400 o hasta 500 millones de pesos, terminaría recibiendo una mesada de apenas 80 mil pesos mensuales. En un caso extremo, ahorros de 600 millones de pesos podrían generar una pensión de solo 100 mil pesos al mes. “Ese despojo… la Corte debió impedirlo”, sentenció Ramos, quien añadió que la norma también elimina la libertad de los ciudadanos para escoger dónde cotizar, pues el artículo 19 de la ley los obliga a hacerlo en Colpensiones.
«La Corte Constitucional profirió un fallo —no exento de complejidades— que declara exequible buena parte de la Reforma Pensional (Ley 2381 de 2024). La decisión responde, en esencia, a una discusión procedimental (…) ¿De qué sirve una reforma que mejora algunos aspectos del sistema si lo vuelve insostenible?»
José Ignacio López, presidente de Anif
La senadora Claudia Margarita Zuleta, del Centro Democrático, fue igual de vehemente en sus críticas, señalando que la ley deja a los ahorradores que no alcanzan a cumplir los requisitos para pensionarse sin el derecho a una indemnización sustitutiva justa. Según la congresista, la norma se convierte en una “bomba pensional” porque la pirámide demográfica del país, que avanza hacia un envejecimiento poblacional, no está siendo considerada en el diseño del nuevo sistema. La Corte, si bien devolvió algunos artículos a la Cámara de Representantes, no comprometió el núcleo de la iniciativa, lo que para Zuleta es una señal de que los problemas de fondo persisten.
Excepciones y próximos pasos del sistema
Pese al aval mayoritario, la reforma contempla un importante alivio para ciertos trabajadores. Las mujeres que acrediten 750 o más semanas cotizadas y los hombres con 900 o más semanas al momento de la entrada en vigor de la ley, que se prevé para el 1 de abril de 2027, podrán acogerse a las condiciones anteriores, manteniendo así sus expectativas de jubilación bajo las reglas previas a la reforma. Asimismo, los ahorros que actualmente reposan en los fondos privados de pensiones permanecerán en esas administradoras hasta que el afiliado cumpla con la totalidad de los requisitos para pensionarse. Solo en ese momento, el capital será transferido a Colpensiones, un mecanismo que busca suavizar la transición hacia el nuevo sistema único.
«Esta ley está dejando a los ahorradores que no alcanzaron a cumplir los requisitos para pensionarse sin el derecho a una indemnización sustitutiva. La norma se convierte en una ‘bomba’ pensional porque la pirámide (…) no tiene en cuenta los cambios demográficos»
Claudia Margarita Zuleta, senadora del Centro Democrático
Mientras el Gobierno celebra un triunfo legislativo y jurídico que considera fundamental para unificar el sistema y aumentar la cobertura, las voces críticas advierten que el camino hacia una verdadera sostenibilidad está lleno de obstáculos. La discusión de fondo, que enfrenta la necesidad de garantizar pensiones dignas con la realidad fiscal de un país que envejece, queda ahora en manos del nuevo Congreso y del próximo gobierno, que heredarán no solo una ley, sino el complejo desafío de su implementación. El fallo de la Corte, lejos de cerrar el debate, lo reabre con una urgencia renovada para millones de colombianos que observan con incertidumbre el futuro de su retiro.
