El presidente electo Abelardo de la Espriella encendió las alarmas al denunciar este 2 de agosto que el programa Colombia Mayor, el principal subsidio para adultos mayores en situación de vulnerabilidad, enfrenta un desfinanciamiento de 3,2 billones de pesos para los meses de agosto a diciembre de 2025. La advertencia, lanzada a través de sus redes sociales, desató un inmediato cruce de declaraciones con el presidente saliente Gustavo Petro y el director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Mauricio Rodríguez Amaya, mientras que el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, respaldó la alerta cifra en mano.
Según De la Espriella, el gobierno saliente agotó los recursos del programa en el primer semestre del año, dejando un hueco fiscal que compromete los pagos a cerca de 3 millones de beneficiarios. “Estoy recibiendo el programa Colombia Mayor absolutamente desfinanciado. El gobierno irresponsable y ladrón que gracias a Dios ya termina, se gastó la plata de nuestros viejitos en el primer semestre del año”, afirmó el mandatario electo, quien prometió durante su campaña aumentar el subsidio de los actuales 230.000 pesos mensuales a 400.000 pesos. La Contraloría General de la República, tras realizar 62 mesas técnicas durante julio, respaldó el diagnóstico al señalar que solo el 25% de los subsidios programados para 2026 están cubiertos, lo que deja sin financiamiento el 75% restante.
Reacciones y cruce de declaraciones
El presidente Gustavo Petro respondió directamente a la denuncia, condicionando el eventual aumento del subsidio a una decisión de la Corte Constitucional. “Ya les dije que si Abelardo quiere cumplir la promesa del bono pensional a 400.000 pesos mes, hay que lograr que la Corte Constitucional deje aplicar la ley aprobada ya de reforma pensional”, escribió Petro, en alusión a la reforma que liberaría 7 billones de pesos anuales redirigibles al programa. Por su parte, el director del DPS, Mauricio Rodríguez Amaya, negó categóricamente que los recursos se hayan dilapidado. “No es cierto que los recursos se hayan dilapidado en el primer semestre”, aseguró, y explicó que los recursos para toda la vigencia 2026 están definidos mediante el Conpes 4176 de 2025, con seis ciclos ejecutados y el séptimo asegurado. El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, se alineó con De la Espriella y sentenció: “No existen los recursos para financiar el programa Adulto Mayor por casi 3,2 billones de pesos”.
Las cifras y el compromiso del nuevo gobierno
El costo anual de Colombia Mayor asciende a 8,4 billones de pesos, pero si se cumple la promesa de aumentar el subsidio a 400.000 pesos mensuales, esa cifra se dispararía a 15 billones de pesos anuales, lo que requeriría recursos adicionales por 7 billones de pesos. La brecha fiscal para 2027 se estima en cerca de 30 billones de pesos, lo que hace compleja la implementación inmediata del incremento. De la Espriella ha reconocido que no será posible aplicar el aumento de inmediato y que se implementará solo tras estabilizar las finanzas públicas. “Les digo con la mano en el corazón: les voy a cumplir. Los pagos se harán. Solamente les pido unas semanas mientras ponemos un poco la casa en orden”, declaró el presidente electo, quien ya instruyó a Sandra Suárez, directora designada del DPS, y a Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda entrante, para gestionar el presupuesto necesario.
“Les digo con la mano en el corazón: les voy a cumplir. Los pagos se harán. Solamente les pido unas semanas mientras ponemos un poco la casa en orden”
Abelardo de la Espriella, presidente electo
El programa Colombia Mayor, que beneficia a mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 sin pensión, fue ampliado de 1,7 millones a cerca de 3 millones de beneficiarios a finales de 2025. Los pagos se realizan a través de 31.800 puntos en 32 departamentos, gestionados por la Unión Temporal de Pago Postal (Matrix-Sured y Supergiros). Las fuentes de financiamiento del programa son el Presupuesto General de la Nación, el Fondo de Solidaridad Pensional y el Ministerio del Trabajo. Mientras el gobierno saliente defiende que los recursos están asegurados mediante el Conpes, el equipo entrante insiste en que el desfinanciamiento es real y que requerirá ajustes presupuestales de emergencia para garantizar los pagos a los adultos mayores en el segundo semestre del año.
