En su tercera alocución como presidente electo, Abelardo de la Espriella anunció la eliminación de 229 cargos en la Presidencia de la República, una medida que representa un ahorro estimado de 10.000 millones de pesos anuales. El anuncio, que hace parte de un plan de reestructuración del Ejecutivo para enfrentar el déficit fiscal, fue respaldado por el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, pero encontró una fuerte objeción por parte del exsenador Roy Barreras, quien cuestionó la eliminación de la Consejería Presidencial para la Paz.
Durante la alocución, De la Espriella justificó la reestructuración argumentando que el país necesita equilibrar sus finanzas y que la administración del presidente Gustavo Petro dejó un sistema de “corrupción” y “gasto ineficiente”. “Durante los últimos cuatro años, Colombia perdió el rumbo: se debilitó la energía, se dispararon las tarifas, se erosionó la confianza y se continuó incumpliendo la promesa del cambio, con un modelo de política basado en recomendaciones, roscas, influencias, politiquería, corrupción y palancas”, afirmó el mandatario electo. A partir del 7 de agosto, advirtió, “el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento”.
El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, respaldó el anuncio desde la misma línea argumentativa. En declaraciones a La FM, Lara señaló que “no se puede seguir derrochando cuando tenemos un déficit fiscal tan importante” y explicó que la medida busca “cortar la grasa, el gasto público malo, perverso, no el bueno que es el que ayuda a los colombianos”. Según el funcionario, “si tú no equilibras las finanzas de tu casa, como del gobierno, tú nunca vas a poder darle gusto a tu familia o no vas a poder ayudarle a los colombianos con política social y con política de seguridad”. Los 10.000 millones de pesos ahorrados, indicó, serán redirigidos a programas de beneficio directo para la ciudadanía.
La polémica por la Consejería para la Paz
Sin embargo, la decisión de eliminar la Consejería Presidencial para la Paz generó un fuerte rechazo del exsenador Roy Barreras, quien advirtió que se trata de un “error que perjudica al propio nuevo gobierno”. Barreras explicó que esa consejería “tiene anclaje en la ley y en la constitución e implica un mensaje de negación de la implementación del Acuerdo de Paz que es una obligación del Estado con rango constitucional”. En su opinión, “es un proceso mucho más complejo que lo que supone el nuevo gobierno porque la Consejería para la Paz tiene anclaje legal y constitucional que le implicaría reformas de la ley y de la Constitución”.
“La eliminación de la Consejería Presidencial para la Paz es un error que perjudica al propio nuevo gobierno”
Roy Barreras, exsenador
Barreras también advirtió que la Agencia de Reincorporación no podría eliminarse sin una ley, dejando sin definir la responsabilidad sobre los procesos de reintegración de excombatientes. El exsenador, quien fue una figura clave en la negociación del Acuerdo de Paz con las FARC, insistió en que cualquier modificación a estas estructuras requiere un debate legislativo profundo y no puede resolverse por decreto.
Los detalles de la reestructuración
De acuerdo con el anuncio, la eliminación de los 229 cargos incluye la desaparición de la Consejería para la Reconciliación Nacional y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Sus funciones serán transferidas a los ministerios correspondientes. También se eliminan el Comisionado para la Paz y la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, mientras que se crea un nuevo Comisionado Nacional de Seguridad que trabajará en conjunto con los ministerios de Justicia y del Interior.
En contraste, la Consejería Presidencial para las Regiones no desaparecerá, sino que se transformará en la Gerencia de las Regiones, una dependencia que mantendrá el vínculo con los territorios pero con un enfoque más administrativo. Como parte del nuevo gabinete, De la Espriella también confirmó a María Nohemí Arboleda como nueva ministra de Minas y Energía, en reemplazo de la saliente Irene Vélez.
La transición entre el gobierno de Gustavo Petro y el de Abelardo de la Espriella se desarrolla así en medio de un fuerte debate sobre la eficiencia del gasto público y el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz. Mientras el presidente electo insiste en que la prioridad es sanear las finanzas y fortalecer la seguridad, sectores políticos y sociales advierten que la eliminación de ciertas consejerías sin el respaldo legal adecuado podría generar más problemas que soluciones. Todo indica que la discusión apenas comienza y que el nuevo gobierno deberá enfrentar no solo el déficit fiscal, sino también las complejidades jurídicas de su propia reestructuración.
