El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este jueves la eliminación de 229 cargos públicos como parte de un plan de austeridad que busca ahorrar $10.000 millones anuales. La medida, presentada junto al ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, tiene como objetivo redirigir esos recursos hacia programas sociales y de seguridad, en un intento por enfrentar el déficit fiscal que heredará la nueva administración a partir del 7 de agosto. La reestructuración incluye la supresión de dos consejerías presidenciales y la transformación de otra, así como la eliminación del Comisionado para la Paz y la Unidad de Implementación del Acuerdo Final.
Durante su tercera alocución, De la Espriella explicó que los cambios buscan «cortar la grasa, el gasto público malo, perverso, no el bueno que es el que ayuda a los colombianos», en palabras de Rodrigo Lara. El ministro del Interior designado justificó la medida señalando que «no se puede seguir derrochando cuando tenemos un déficit fiscal tan importante» y que «si no equilibras las finanzas, nunca vas a poder ayudar a los colombianos con política social y seguridad». Las funciones de las consejerías eliminadas —la Consejería para la Reconciliación Nacional y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario— serán transferidas a los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores para evitar duplicidad y sobrecostos. Además, la Consejería Presidencial para las Regiones se transformará en la Gerencia de las Regiones.
Críticas al plan de austeridad
La eliminación de la Consejería Presidencial para la Paz generó fuertes cuestionamientos por parte del exsenador Roy Barreras, quien advirtió que la medida «es un error que perjudica al propio nuevo gobierno». Barreras señaló que la decisión «tiene anclaje en la ley y en la constitución e implica un mensaje de negación de la implementación del Acuerdo de Paz, que es una obligación del Estado con rango constitucional». El exsenador también alertó que la Agencia de Reincorporación no podría eliminarse sin una ley y que se debe garantizar la protección de los excombatientes. Pese a las críticas, De la Espriella insistió en que «a partir del 7 de agosto, el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento».
«No se puede seguir cobrándole impuestos a los colombianos como se le viene haciendo»
Rodrigo Lara, ministro del Interior designado
En el mismo acto, el presidente electo también presentó a María Nohemí Arboleda como la nueva ministra de Minas y Energía, en medio de una crítica directa a la administración de Gustavo Petro, a quien acusó de haber «debilitado la energía, disparado las tarifas, erosionado la confianza y continuado incumpliendo la promesa del cambio, con un modelo de política basado en recomendaciones, roscas, influencias, politiquería, corrupción y palancas». La eliminación de los 229 cargos se concentrará en el gasto que «no beneficia a los colombianos», según Lara, quien subrayó que el objetivo es equilibrar las finanzas públicas para poder destinar más recursos a seguridad y programas sociales, sin necesidad de aumentar impuestos.
