La Defensoría del Pueblo de Colombia emitió un pronunciamiento público el pasado 22 de octubre en el que solicita al Gobierno nacional revisar tres nombramientos recientes en entidades del Estado, entre ellos el de un asesor de la ministra de las Culturas, Paola Holguín, quien se encuentra imputado por el delito de acoso sexual. El organismo de control, que actúa como órgano constitucional de control, advierte que estas designaciones contradicen los compromisos de tolerancia cero contra la violencia de género y envían una señal negativa a las mujeres que denuncian este tipo de agresiones.
Si bien la Defensoría del Pueblo aclara que se debe respetar la presunción de inocencia y que la justicia definirá las responsabilidades penales correspondientes, sostiene que ello no exime al Estado de actuar con debida diligencia en los nombramientos de alta responsabilidad. El pronunciamiento recuerda que la Ley 1257 de 2008 obliga al Estado colombiano a garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de violencia de género y a adoptar medidas efectivas contra la impunidad.
Exigencias concretas al Ejecutivo
La Defensoría formuló dos exigencias formales al Gobierno. La primera es la revisión inmediata de los nombramientos y vinculaciones mencionadas, mientras que la segunda insta a adoptar criterios claros, públicos y consistentes para futuras designaciones. Entre los aspectos que deberían considerarse para estos criterios se encuentran la gravedad de los hechos denunciados, el estado actual de los procesos, la naturaleza del cargo a desempeñar, los posibles conflictos de interés y los riesgos de represalias o revictimización para las denunciantes.
El organismo de control cuestionó abiertamente la contradicción que existe entre las campañas estatales de prevención de violencias contra las mujeres y las decisiones de nombrar a funcionarios que tienen denuncias o procesos por violencia de género. La Defensoría insistió en que las violencias contra las mujeres no son un asunto privado y que los nombramientos públicos tienen una dimensión institucional que trasciende los procesos judiciales individuales.
«La Defensoría advierte que existe un patrón documentado de violencias contra mujeres que afecta su salud mental, autonomía, seguridad y proyecto de vida, y que las barreras de acceso a la justicia se agravan cuando las instituciones no responden oportunamente».
Defensoría del Pueblo de Colombia, pronunciamiento del 22 de octubre de 2026
Cabe recordar que las resoluciones de la Defensoría del Pueblo no son vinculantes para el Ejecutivo, por lo que su pronunciamiento busca generar presión institucional y social para que se revisen estas designaciones. El caso del asesor de la ministra Paola Holguín imputado por acoso sexual es uno de los tres nombramientos señalados por el organismo de control, aunque no se han revelado los nombres de los otros dos funcionarios ni las entidades específicas donde fueron designados. La controversia se produce en un contexto donde el Estado colombiano ha asumido compromisos internacionales para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, especialmente en el ámbito institucional.
