Un nuevo episodio de violencia sacude el Bajo Cauca antioqueño. Los enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el Clan del Golfo en zonas rurales de los municipios de El Bagre y Zaragoza han provocado el desplazamiento forzado de 355 personas, quienes encontraron refugio en el corregimiento Puerto López, jurisdicción de El Bagre. La población civil quedó atrapada en medio de la disputa territorial y por el control de rentas ilegales que libran ambos grupos armados, obligando a las familias a abandonar sus viviendas de manera precipitada.
De acuerdo con información de la Fundación Sumapaz, 78 de los desplazados provienen de la vereda Las Nubes, en El Bagre, mientras que el resto corresponde a las veredas Villa Severa, Citeaguanta y Villa Amará, todas del municipio de Zaragoza. El hecho ocurre a pocos días de las elecciones presidenciales del próximo domingo 21 de junio, lo que genera una honda preocupación entre las organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, que advierten sobre una posible escalada violenta que afecte el desarrollo del proceso electoral y la seguridad de las comunidades limítrofes.
Una emergencia humanitaria en vísperas electorales
Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos de la Fundación Sumapaz, señaló que “esta sería la consumación de los escenarios de riesgo advertidos por organizaciones sociales de la población civil”. Sus palabras remiten a las alertas previas que ya habían sido emitidas ante el aumento de la confrontación armada en la región, donde históricamente confluyen diversos actores ilegales que se disputan el dominio territorial y las economías ilícitas. La llegada de las 355 personas a Puerto López representa una emergencia humanitaria que requiere atención inmediata en alimentación, alojamiento y asistencia psicosocial.
«Esta sería la consumación de los escenarios de riesgo advertidos por organizaciones sociales de la población civil»
Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos de la Fundación Sumapaz
La fuerza pública ha intensificado sus operaciones en la zona para retomar el control y garantizar condiciones de seguridad que permitan el retorno de los desplazados, así como la realización de los comicios presidenciales. Sin embargo, en medio del conflicto, las comunidades rurales enfrentan restricciones de movilidad, miedo y dificultades para acceder a actividades cotidianas. Organizaciones sociales y voceros comunitarios han hecho un llamado urgente al Estado para que atienda la crisis humanitaria y proteja a los habitantes de El Bagre, Zaragoza y las áreas circundantes, donde la disputa entre las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo amenaza con profundizar la tragedia.
