Dos actrices de contenido para adultos, Antonella Blake y Shaira, han presentado denuncias formales contra el productor y director Cristian Cipriani por presuntos abusos, maltratos, violencia verbal, morbo detrás de cámaras, administración de drogas y violación durante rodajes en Colombia. El caso se encuentra en manos de la Fiscalía General de la Nación, tras entrevistas realizadas por el programa Testigo Directo, donde las partes involucradas expusieron sus versiones. Cipriani, por su parte, niega categóricamente los cargos y ha iniciado un proceso legal por calumnia contra tres mujeres, incluyendo a las denunciantes y a la exactriz Alejandra Omaña, conocida como Amaranta Hank y actual candidata al Senado.
Las denuncias destacan la falta de filtros de seguridad y regulaciones en la industria de producciones para adultos en Colombia, un sector que opera sin supervisión constante y que ha sido blanco de críticas por parte de colectivos de actores porno. Antonella Blake relató incidentes perturbadores durante las grabaciones, mientras que Shaira describió situaciones en las que se sintió drogada y agredida verbalmente. Cipriani asegura contar con pruebas de consentimiento explícito de las modelos en cada sección de rodaje y enfatiza que nunca obligó a nadie a participar.
Las voces de las denunciantes
Antonella Blake detalló en su testimonio cómo, una vez iniciada la grabación, ocurrieron acciones que la incomodaron profundamente, como el morbo exhibido por Cipriani detrás de cámaras. Shaira, por otro lado, evocó momentos en los que el productor habría admitido estados alterados, viéndolo todo borroso y recibiendo insultos cuando exigió su pago para irse.
“Comenzamos a grabar y pasaron cosas que a mí no me gustaban, como que me morboseaba por detrás de cámaras”
Antonella Blake, actriz
“Él decía ‘en estos momentos chicas, en estados muy raros’”
Shaira, actriz
“Es capaz de decirme que no estaba bajo los efectos, se ven las intenciones que él tenía, yo veía todo muy borroso”
Shaira, actriz
“Me visto y le digo que me pague porque me tengo que ir, me dice que lo chupe, que yo era una perra”
Shaira, actriz
La defensa del productor
Cristian Cipriani rechazó las acusaciones con vehemencia, afirmando su inocencia total y confianza plena en la investigación fiscal. Insistió en que las grabaciones se realizaban por secciones, siempre verificando el bienestar y comodidad de las modelos, y que cualquier relación debe basarse en respeto mutuo, aunque reconoció la presencia de fiestas, drogas y sexo informal en algunos sets cuando hay acuerdos previos.
“Yo no he cometido ningún crimen, con ella, ni con nadie, y menos un tema de violación. Nosotros grabamos por secciones el contenido, la modelo hacía un show y yo le preguntaba si estaba bien, si estaba cómoda. Yo confío plenamente en la Fiscalía”
Cristian Cipriani, productor y director
“Me estás dando el consentimiento, pero te estás violando, al otro día estás contenta y que está preparada para otra escena. Nosotros nunca obligamos a nadie a estar en la empresa”
Cristian Cipriani, productor y director
Exigencias de regulación y apoyo a las víctimas
Alejandra Omaña, quien apoya a las víctimas y lidera colectivos de actores porno, subrayó la necesidad de una relación de respeto absoluto en los sets y demandó regulación gubernamental con supervisión constante para prevenir abusos. Distinguió claramente entre acuerdos consensuados y violaciones cuando no se habla previamente de ciertas prácticas. Tres personas clave —las dos modelos y Cipriani— han dado sus versiones públicas, en medio de un debate sobre la conciencia limpia del productor, quien afirma tener pruebas irrefutables de consentimiento.
“Tiene que ser una relación de demasiado respeto, en los sets hay fiestas, drogas, sexo detrás de las escenas. Si hay un acuerdo, fabuloso, porque hay un acuerdo, pero si no se habla sobre eso y se hace en la escena, estamos hablando de una violación”
Alejandra Omaña, exactriz y candidata al Senado
Este caso pone en el tapete las vulnerabilidades de una industria sin marcos regulatorios claros en Colombia, donde las denuncias públicas buscan no solo justicia individual, sino cambios estructurales para proteger a los trabajadores del contenido para adultos.
