Misael Cadavid, exgerente de Bomberos de Itagüí, ha declarado ante la justicia implicando directamente al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, en presuntas irregularidades en seis contratos por casi 18.000 millones de pesos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) y Bomberos de Itagüí. Según su testimonio, estos acuerdos, firmados entre septiembre de 2021 y octubre de 2022 en el Valle de Aburrá, específicamente en Medellín e Itagüí, se adjudicaron de manera directa sin procesos de licitación pública, con el fin de brindar apoyo político, repartir comisiones del 20 por ciento y financiar la campaña de Cadavid a la Cámara de Representantes en 2022. Otros implicados mencionados incluyen a Miguel Quintero, hermano del exalcalde, Juan David Palacio, exdirector del Amva, así como Elkin González y María Yaneth Rúa.
Las irregularidades bajo examen superan los 17.000 millones de pesos y abarcan adjudicaciones directas con omisión deliberada de licitaciones, lo que facilitó el reparto de comisiones por cada contrato. Daniel Quintero, quien fue presidente de la Junta Directiva del Amva y propuso a Juan David Palacio —anteriormente asistente de su hermano Miguel en el Concejo de Medellín— como director de la entidad, aparece señalado en este entramado. Cadavid acogió el principio de oportunidad y recuperó su libertad, mientras un juez rechazó la prisión para Palacio. La Fiscalía respalda sus investigaciones con evidencias como mensajes, chats y fotografías de bienes de lujo, además del testimonio de una primera testigo que implicó a Miguel Quintero en contratos relacionados con el Parque de las Aguas.
Contratos cuestionados y avance del proceso penal
Los contratos en cuestión enfrentan cargos por peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento privado. Las capturas de los involucrados ocurrieron en octubre de 2023, seguidas de imputaciones en enero de este año, y la próxima audiencia está programada para el jueves 23 de abril. Daniel Quintero, por su parte, enfrenta otro proceso judicial en el caso conocido como “Aguas Vivas”, con posibilidad de que las investigaciones se expandan a entidades como el Inder y EDU, ampliando el alcance de las presuntas corruptelas en la región.
Este escándalo pone en evidencia las redes de influencia política en la gestión pública del Valle de Aburrá, donde los contratos sin competencia abierta habrían servido no solo para enriquecer a particulares, sino también para apuntalar aspiraciones electorales, dejando un impacto significativo en las arcas públicas de Medellín e Itagüí.
