La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exviceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa, Luis Edmundo Suárez Soto, por las presuntas irregularidades en un contrato de mantenimiento de helicópteros MI-17 del Ejército Nacional, valorado en 32 millones de dólares. La imputación, divulgada el lunes 27 de julio de 2026, señala a Suárez Soto como responsable de haber ordenado la contratación directa, bajo una modalidad excepcional, para favorecer a la empresa Vertol Systems Company, con sede en Florida, Estados Unidos, que no cumplía con los requisitos técnicos, jurídicos ni financieros exigidos. El contrato se firmó el 31 de diciembre de 2024, y el 15 de abril de 2025 se desembolsó un anticipo de 16.231.700 dólares, equivalente al 50% del valor total, del cual solo se ejecutaron trabajos por 2,6 millones de dólares, dejando más de 13 millones pendientes de reembolso por incumplimiento.
Según la investigación de la Fiscalía, Suárez Soto no solo ordenó la selección directa, sino que promovió una flexibilización de los requisitos y presionó al comité estructurador del contrato con instrucciones como que “no fueran tan legalistas”. Asimismo, habría instado a los funcionarios a trabajar con “creatividad” y “una mente abierta” para adjudicar el contrato a Vertol Systems, mientras gestionaba trámites ante la Aeronáutica Civil para allanar el camino a la empresa. La Fiscalía también reveló que se modificaron las condiciones de pago para permitir el anticipo del 50%, y que se aceptaron documentos de soporte elaborados por la propia contratista, omitiendo exigir estados financieros completos. Como resultado, se descartó una oferta de cooperación bilateral de Estados Unidos que ofrecía mejores condiciones.
Ocho delitos imputados y una ejecución del 8%
Los delitos imputados a Suárez Soto son ocho: falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y fraude procesal. El exviceministro no aceptó los cargos. La Fiscalía también mencionó a otros funcionarios involucrados, como el coronel Julián Rincón, quien fungió como gerente del proyecto; Hugo Alejandro Mora, director de Contratación; Herbert Buitrago, director de Logística, y Diego Alejandro Manrique, asesor del Viceministerio. La empresa Vertol Systems Company, cuyo presidente es James Lester Montgomerie, y el propietario de MI Series Personnel & Parts, Carlos Martín Uribe, también están en la mira, aunque la imputación se centra en el exviceministro.
“No fueran tan legalistas”
Fiscalía General de la Nación, sobre instrucciones de Suárez Soto al comité estructurador
El impacto del caso es considerable: a julio de 2025, el proyecto solo tenía un 8% de ejecución, y las pólizas de seguro solo permitieron recuperar parte de los recursos, mientras que la devolución del anticipo no se concretó. Una visita técnica a las instalaciones de Vertol Systems reveló que la empresa carecía de infraestructura para el mantenimiento mayor de los helicópteros MI-17, lo que refuerza las sospechas de direccionamiento y falta de ejecución. La imputación de cargos a Suárez Soto, que se produce tras meses de investigación, abre un nuevo capítulo en este escándalo que mancha la transparencia del Ministerio de Defensa.
