Fedesarrollo presentó una hoja de ruta para el período de Gobierno 2026-2030, en la que propone corregir el financiamiento, los incentivos y la gobernanza del sistema de salud colombiano sin eliminar a las EPS. El centro de estudios, a través de su directora ejecutiva Marcela Meléndez y los investigadores Jairo Núñez, de Fedesarrollo, y David Bardey, profesor de Economía de la Universidad de los Andes, planteó una serie de ajustes graduales para enfrentar la crisis estructural que atraviesa el sector. La propuesta se enfoca en modificar el modelo actual sin desmontar a los actores existentes, buscando corregir el desbalance entre los recursos disponibles y los costos reales de atención.
El diagnóstico presentado por Fedesarrollo revela una situación crítica que afecta tanto a las entidades del sistema como a los hogares colombianos. La siniestralidad, que mide la relación entre gastos e ingresos por la Unidad de Pago por Capitación (UPC), alcanzó el 109,5% en 2025, lo que significa que los recursos asignados no cubren los costos de atención. A esto se suma un patrimonio consolidado negativo de las EPS por 10,2 billones de pesos y una deuda acumulada con hospitales y clínicas que asciende a 25,7 billones de pesos. En 2025 se interpusieron 312.500 tutelas en salud, mientras que las reclamaciones por barreras de acceso a tecnologías y servicios llegaron a 1.932.664, equivalentes al 92,6% del total de reclamaciones.
La crisis golpea con mayor fuerza a los hogares más pobres
Uno de los hallazgos más alarmantes del estudio es el aumento del gasto de bolsillo que deben asumir las familias para acceder a servicios de salud. Entre 2023 y 2024, el gasto de bolsillo del quintil más pobre de la población pasó del 7% al 12% de sus ingresos, lo que representa un incremento del 71% en tan solo un año. Esta situación refleja que la crisis que parecía limitada a los balances financieros de las entidades ya se ha trasladado directamente a los hogares colombianos. El investigador Jairo Núñez señaló que el verdadero costo de no corregir a tiempo es que muchas familias se ven forzadas a elegir entre comprar un medicamento o la comida, ampliando las desigualdades que el sistema había ayudado a reducir.
«La crisis ya no está en los balances: está en los hogares. El gasto de bolsillo del quintil más pobre subió cerca de 71% en un solo año, y para muchas familias eso significa tener que elegir entre comprar un medicamento o la comida. Cuando el acceso efectivo depende de la capacidad de pago o de interponer una tutela, las desigualdades que el sistema había ayudado a reducir vuelven a ampliarse. Ese es el verdadero costo de no corregir a tiempo»
Jairo Núñez, investigador asociado de Fedesarrollo y coautor del documento
Fedesarrollo sostiene que el crecimiento de la cobertura del sistema, que pasó de menos del 25% a cerca del 99% de la población en tres décadas, superó el ritmo de la financiación, generando un desbalance estructural. La propuesta incluye un ajuste progresivo de la UPC con criterios técnicos, un mecanismo de compensación multilateral para sanear las deudas entre la Adres, las EPS, las IPS y los operadores farmacéuticos, así como la modificación de incentivos para priorizar la calidad y el acceso oportuno.
«La corrupción existe y debe combatirse con severidad. Pero el deterioro del sistema no puede explicarse únicamente por la corrupción o la mala gestión: golpea incluso a entidades intervenidas por el propio Estado, y apunta a un problema mucho más estructural, un desbalance creciente entre lo que cuesta la salud y los recursos que la financian. Por eso el debate no debería ser refundar el sistema o defenderlo tal como está, sino corregir su financiamiento, sus incentivos y su gobernanza»
Marcela Meléndez, directora ejecutiva de Fedesarrollo
El profesor David Bardey, por su parte, advirtió que el error del debate público es reducir el problema a un asunto de intermediación financiera, cuando lo que está en juego es preservar la función económica esencial de gestión del riesgo en salud. La propuesta también contempla fortalecer la atención en zonas rurales mediante telemedicina y Centros de Salud Familiar Rural, ante la grave concentración de especialistas que se registra en el país: el 45% se encuentra en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, mientras once departamentos presentan una oferta insuficiente de servicios médicos.
