La audiencia conmemorativa por los 36 años del atentado contra el vuelo 203 de Avianca, realizada este miércoles 27 de noviembre en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, dejó al descubierto la ausencia de dos instituciones clave para el esclarecimiento del caso: la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Pese a haber sido citadas como entidades fundamentales para informar sobre las acciones de justicia, memoria y reparación, ninguna de las dos envió representantes, lo que generó un profundo malestar entre los familiares de las víctimas y los organizadores del evento.
La sesión, iniciada a las 9 de la mañana, contó con la participación de Gonzalo Rojas, hijo de una de las 107 personas que fallecieron en la explosión del avión en pleno vuelo el 27 de noviembre de 1989, atribuida al narcotráfico liderado por Pablo Escobar. También intervinieron el abogado de las víctimas, Óscar Giovanni Ramírez, y representantes de la Comisión Colombiana de Juristas. Durante más de tres horas, los asistentes expusieron la falta de avances en la investigación penal, que después de 36 años no ha logrado una resolución judicial definitiva.
Las deudas del Estado con las víctimas
Gonzalo Rojas fue enfático al denunciar que el caso “permanece en un estado preliminar”, y lanzó una pregunta que resonó en el recinto: “¿Acaso esa es la idea, que todos lleguemos a viejos y fallezcamos, para que con nosotros se entierre el caso?”. Sus palabras hicieron eco en medio de un escenario marcado por la inacción estatal. Según los datos expuestos en la audiencia, entre 1993 y 1995 la Fiscalía otorgó beneficios judiciales a once personas implicadas en el atentado, y entre 1995 y 2009 se presentaron lapsos “injustificados” de inactividad en la investigación penal. Tan solo en 2010 se recibió la declaración del exparamilitar alias Popeye, quien señaló una posible implicación del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), pero hasta ahora no se ha formalizado ninguna vinculación.
“¿Acaso esa es la idea, que todos lleguemos a viejos y fallezcamos, para que con nosotros se entierre el caso?”
Gonzalo Rojas, hijo de víctima del vuelo 203 de Avianca
El contexto internacional también estuvo presente. En 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible una petición presentada en 2015 contra el Estado colombiano, para examinar posibles violaciones a la Convención Americana en derechos como la vida, la integridad personal y las garantías judiciales. Sin embargo, los familiares consideran que sin la comparecencia de la Fiscalía y la JEP en escenarios como esta audiencia, el proceso de verdad y reparación sigue estancado.
Además de las ausencias de la Fiscalía y la JEP, tampoco asistieron representantes del Centro Nacional de Memoria Histórica, la Unidad para las Víctimas ni el Ministerio del Interior. Gonzalo Rojas destacó que el informe independiente “Una mirada del atentado al avión de Avianca. Narcotráfico y narcoterrorismo en el conflicto armado colombiano”, elaborado para la Comisión de la Verdad, es uno de los pocos esfuerzos sistemáticos que han reconstruido lo sucedido. No obstante, preguntas como la identidad de todos los responsables, la posible participación de agentes del DAS, la situación de algunos pasajeros señalados en versiones contradictorias y la línea actual de investigación continúan sin respuesta oficial.
La conmemoración, que se realizó justo cuando se cumplen 37 años de la tragedia, dejó en evidencia que la lucha de las familias no solo es por mantener viva la memoria de sus seres queridos, sino por exigir que el Estado colombiano asuma su responsabilidad en la búsqueda de justicia. Mientras las instituciones citadas brillen por su ausencia, el caso del vuelo 203 seguirá siendo una herida abierta que el país se niega a cerrar.
