La audiencia de conciliación entre el presidente Gustavo Petro y los demandantes Ramiro Bejarano y la Fundación Dilo Colombia, llevada a cabo el miércoles 15 de julio en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, concluyó sin acuerdo, lo que obliga a que el proceso judicial continúe su curso ordinario bajo la magistratura de Luis Manuel Lasso Lozano. El encuentro, que se realizó a 23 días de que finalice el actual Gobierno, tenía como objetivo buscar un pacto de cumplimiento sobre las declaraciones del mandatario acerca de un presunto fraude en la segunda vuelta electoral, pero la defensa presidencial no ofreció una respuesta clara cuando el magistrado preguntó si el presidente reconocería los resultados oficiales.
Durante la diligencia, el abogado de Gustavo Petro, Alejandro Carranza, sostuvo que el mandatario cuenta con “pruebas de un fraude masivo” y afirmó que sus declaraciones no afectaron el proceso electoral, mientras que en su intervención parafraseó que las elecciones fueron “especialmente transparentes, organizadas y con controles inéditos”. Esta aparente contradicción marcó el tono de la jornada, en la que Carranza también cuestionó a los demandantes: “¿Ganó el candidato del progresismo, que tenía una línea ideológica compartida con el presidente Petro? ¿O ganó un candidato de la extrema derecha y opositor? Ahí es donde se ve que el sistema electoral funciona, es transparente y que las advertencias lo que hacen es enriquecer el debate”. En otro momento, el abogado preguntó retóricamente: “¿Acaso la demanda dice que el presidente tiene que reconocer al candidato que quedó elegido? ¿En qué parte, señor magistrado?”, lo que provocó un fuerte llamado verbal del magistrado Lasso Lozano, quien le pidió moderar el tono y evitar señalamientos impropios.
Sin pacto, el proceso avanza a la etapa probatoria
La acción popular, presentada por Bejarano y la Fundación Dilo Colombia, cuestiona las declaraciones de Petro sobre fraude, manipulación del software electoral, irregularidades en formularios y riesgos en el kit de votación, por posible afectación a la confianza ciudadana y la transparencia electoral. Al no alcanzarse ningún acuerdo, el tribunal dispuso que el expediente continúe con la práctica de las pruebas solicitadas por las partes, lo que incluye determinar si Petro entregó material probatorio a las autoridades y el sustento técnico de sus denuncias, así como el efecto de sus declaraciones en la percepción ciudadana. En el desarrollo de la audiencia, Carranza acusó a Bejarano y a otros intervinientes de “confabular” con la Procuraduría General de la Nación para actuar contra Petro, acusación que llevó a la Procuraduría a solicitar una sanción contra el abogado, pero el magistrado la rechazó.
“Estas habían sido unas elecciones especialmente transparentes, organizadas y con controles inéditos”
Alejandro Carranza, abogado del presidente Gustavo Petro
El presidente Petro ha denunciado públicamente un presunto fraude en la segunda vuelta electoral del 21 de junio, que dio como ganador a Abelardo de la Espriella. En distintas publicaciones afirmó que el progresismo no perdió en las urnas sino que fue víctima de fraude relacionado con votos del exterior. Ahora, con la conciliación fallida, el tribunal deberá evaluar si las afirmaciones del mandatario tuvieron un impacto real en la confianza ciudadana y en la transparencia del proceso electoral, mientras el expediente continúa su curso con la práctica de pruebas solicitadas por ambas partes.
