El Gobierno de Abelardo de la Espriella mantiene en el Congreso de la República un paquete de reformas clave para la seguridad, la competitividad y el ajuste fiscal, aunque con ritmos diversos. Mientras la Ley 2640 de 2026, que actualiza la normativa de orden público, fue sancionada el pasado 4 de noviembre con herramientas para el sometimiento de grupos armados y el desmantelamiento de economías ilícitas, otras iniciativas como el Estatuto Antiterrorista y la Ley de Rescate Fiscal enfrentan reparos de la oposición e incluso de sectores cercanos al Ejecutivo. El presupuesto general de la nación para 2027, por $634,95 billones, tuvo que ser expedido por decreto luego de que un error en el texto espejo aprobado por el Congreso impidiera la inclusión de recursos adicionales, dejando por fuera $3 billones destinados a salud.
La ley de competitividad, conocida como antitrámites, logró superar su primer debate y ahora deberá ser discutida en las plenarias del Senado y la Cámara. Su objetivo es simplificar la creación de empresas, el registro de propiedades y los trámites urbanísticos, en línea con la agenda de reactivación económica que impulsa el Gobierno. Sin embargo, el proyecto estrella del Ejecutivo en materia fiscal, la denominada Ley de Rescate Fiscal, sigue estancada. Con un ajuste cercano a los $70 billones, la iniciativa ha sido criticada porque incluiría gravámenes sobre pólizas de salud y medicina prepagada, lo que ha generado malestar incluso entre congresistas de la coalición de gobierno. El vicepresidente José Manuel Restrepo ha defendido públicamente la medida como indispensable para evitar una crisis fiscal y la pérdida de empleos, mientras se tramita una adición presupuestal por $2,7 billones para atender necesidades inmediatas.
En seguridad, el Ejecutivo busca avanzar con el Estatuto Antiterrorista, una ley estatutaria estructurada por el exministro Rodrigo Lara que facultaría al Gobierno para listar a grupos como disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo, y así perseguir sus finanzas y estructura. No obstante, la iniciativa aún no tiene fecha para su discusión en el Congreso debido a los reparos que ha generado entre organizaciones de derechos humanos y sectores políticos que la consideran una medida extrema. En paralelo, avanza el paquete de agenda regional, que incluye un acto legislativo para declarar a Barranquilla como capital alterna, lo que permitiría al presidente De la Espriella gobernar desde esa ciudad, y la reducción de tarifas de energía en el Caribe, temas que se debatirán junto con el segundo debate de la Ley de Regalías 2027-2028.
Presupuesto y crisis fiscal: el debate que divide al Congreso
El error en el texto conciliado del Presupuesto General de la Nación para 2027 obligó al Gobierno a expedirlo por decreto, una salida que ha sido criticada por la oposición pero que el Ejecutivo justifica como necesaria para no frenar la inversión pública. De los $634,95 billones aprobados, $3 billones que debían ir para salud quedaron por fuera, mientras se lograron incluir recursos adicionales para educación y subsidios de energía y gas. La situación ha elevado la presión sobre la Ley de Rescate Fiscal, que busca un ajuste de cerca de $70 billones para equilibrar las cuentas. El vicepresidente José Manuel Restrepo ha insistido en que, sin esta reforma, el país podría enfrentar una crisis de credibilidad fiscal y una contracción económica que afectaría directamente el empleo.
Mientras tanto, el Gobierno mantiene su ofensiva legislativa con mensajes de urgencia para intentar destrabar los proyectos. La agenda es ambiciosa: combinar seguridad, competitividad, ajuste fiscal y descentralización, en un año que será clave para la segunda mitad del mandato de De la Espriella. En el Congreso, el ambiente está dividido entre el respaldo a las medidas de orden público y el rechazo a los nuevos impuestos, lo que anticipa debates intensos en las próximas semanas. La suerte de la Ley de Rescate Fiscal y del Estatuto Antiterrorista marcará el rumbo de la administración, que busca consolidar sus reformas estructurales antes de cerrar el periodo legislativo.
