El Gobierno nacional, a través de los ministerios de Ambiente y de Agricultura, expidió el Decreto 0700 de 2026, una norma que transforma la fórmula de cobro de la Tasa por Utilización de Agua (TUA) al incorporar criterios sociales, económicos y territoriales. El nuevo esquema, que comenzará a regir a partir del 1 de enero de 2027, modifica el cálculo del coeficiente socioeconómico, que hasta ahora dependía de un único indicador macroeconómico, y lo reemplaza por tres variables territoriales: las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de cada municipio, las categorías municipales y el Sisbén, cuando aplique. La iniciativa, impulsada por el presidente Gustavo Petro, busca fortalecer los principios de justicia ambiental y reconocer las diferencias entre los usuarios del recurso hídrico y los territorios del país.
El decreto también introduce un cambio significativo al reconocer oficialmente los usos colectivos y comunitarios del agua, lo que beneficiará directamente a familias campesinas y pequeños productores agropecuarios. Según la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez Torres, esta modificación garantiza que los recursos recaudados por el uso del agua retornen a los territorios para proteger las fuentes hídricas y los ecosistemas estratégicos. “Así consolidamos un mandato en el que la gestión del agua pone la vida en el centro y reconoce este recurso como un bien común que ordena el territorio y garantiza el bienestar de las comunidades”, afirmó la funcionaria.
Periodo de adecuación y nuevas reglas
Durante todo el año 2026, las autoridades ambientales del país deberán adecuar sus sistemas de información, monitoreo y facturación para poder aplicar las nuevas disposiciones. Una vez finalice este periodo de transición, todos los cobros que se emitan se realizarán con la nueva metodología. La norma también incorpora la prelación de usos del agua y establece una diferenciación de las presiones por demanda sobre las fuentes hídricas, de acuerdo con los índices que maneja el Ideam. De esta manera, se busca que el cobro refleje con mayor precisión la realidad de cada territorio y las condiciones particulares de los distintos sectores productivos.
“Con la expedición de este decreto, el Gobierno del presidente Gustavo Petro garantiza que los recursos recaudados por el uso del agua en el país retornen a los territorios para proteger las fuentes hídricas y los ecosistemas estratégicos, transformándose en acciones concretas para la restauración de ríos, páramos y cuencas hidrográficas”.
Irene Vélez Torres, ministra de Ambiente (e)
La TUA, un instrumento ambiental de cobro por el uso del agua, tiene por ley un destino específico: todos los recursos recaudados deben ser invertidos en la protección, conservación, recuperación y monitoreo del recurso hídrico, así como en la preservación y restauración de ecosistemas estratégicos como los páramos. El Decreto 0700 de 2026 ratifica este destino legal y agrega la generación de conocimiento sobre estos ecosistemas. Con este cambio, el Gobierno busca aplicar principios de justicia ambiental que hasta ahora no se consideraban en el esquema de cobro, reconociendo las profundas diferencias socioeconómicas que existen entre los territorios y sectores productivos del país.
