El Gobierno Nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, ordenó a la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ejercer un control inmediato y riguroso sobre los traslados de fondos de pensiones, luego de detectar serias inconsistencias en los reportes presentados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). La medida, que afecta a aproximadamente 132.000 afiliados y compromete recursos billonarios, busca garantizar la transparencia y la sostenibilidad del sistema pensional en el marco de la recién implementada Ley 2381 de 2024, la nueva reforma pensional. La instrucción fue comunicada mediante una carta firmada por el Ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el Ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, dirigida al superintendente financiero, César Ferrari, y al presidente de Colpensiones, Jaime Dussán.
Las discrepancias identificadas en los montos y en la cantidad de afiliados reportados por las AFP han generado un bloqueo de al menos 25 billones de pesos. De esa cifra, 5 billones ya fueron reclamados por afiliados que se trasladaron a Colpensiones, mientras que otros 20 billones permanecen atrapados por medidas judiciales. Esta situación pone en riesgo el pago de pensiones a más de 22.400 personas, según alertó el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, quien advirtió que el bloqueo de fondos mientras se reconocen nuevas pensiones provoca un “desequilibrio financiero insostenible”. Hasta el momento, Colpensiones ha reconocido 32.803 pensiones por un valor total de 8,7 billones de pesos, pero los recursos necesarios para financiarlas están retenidos en las administradoras privadas.
Exigencias del Gobierno a la Superintendencia Financiera
En el documento oficial, los ministros Ávila y Sanguino instruyeron a la SFC a “adoptar de manera expedita medidas preventivas y correctivas para garantizar la consistencia, confiabilidad y adecuada verificación de la información reportada por las AFP”. La petición se sustenta en la Directiva Presidencial 04 y en la Ley 2381 de 2024, que habilitó el traslado de afiliados desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) al Régimen de Prima Media (RPM) administrado por Colpensiones. La Superintendencia Financiera, que cuenta con facultades para realizar visitas a las AFP, requerir documentación y adoptar medidas correctivas, deberá inspeccionar, verificar y certificar la totalidad de los recursos trasladados.
“No es jurídicamente exigible que Colpensiones asuma estos pagos mientras los fondos destinados a financiarlos permanezcan atrapados en la administración privada”, señalaron los ministros en la comunicación, reflejando la postura del Ejecutivo frente a la necesidad de restablecer la certidumbre técnica en el mercado de capitales.
Germán Ávila y Antonio Sanguino, Ministros de Hacienda y del Trabajo
El Gobierno busca con esta acción evitar un desequilibrio financiero que podría desestabilizar el sistema pensional colombiano y afectar los derechos de los afiliados. La detección de diferencias en los reportes de las AFP sobre montos y número de afiliados transferidos desató la alerta, y ahora se espera que la Superintendencia Financiera actúe con celeridad para certificar los recursos y garantizar que Colpensiones pueda asumir sus obligaciones sin contratiempos. El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, había advertido previamente sobre el riesgo de que el bloqueo de fondos mientras se reconocen nuevas pensiones genere un desequilibrio insostenible, lo que motivó la intervención directa de los ministerios de Hacienda y Trabajo.
