El gobierno del presidente Gustavo Petro prepara un decreto para elevar el salario mínimo en Colombia un 23% en 2026, alcanzando los 1.750.905 pesos, según un borrador filtrado el 28 de diciembre que se basa en el concepto de salario vital promovido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta medida busca garantizar ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, vestimenta, salud, educación y transporte, y sería implementada mediante un decreto presidencial antes del anuncio oficial, en un contexto donde el salario mínimo actual es de 1.423.500 pesos tras un incremento del 9,54% en el año previo.
La filtración del documento ha desatado reacciones inmediatas entre expertos, consultores y el mercado financiero, con pronósticos de impactos significativos en la economía nacional. Consultoras como Integral Soluciones Pensionales (ISP), liderada por el consultor Diego Montañez-Herrera, y analistas como Andrés Pardo, exviceministro de Hacienda y jefe de Estrategia Macro para América Latina en XP Investments, junto a figuras como Camilo Herrera Mora, fundador de Raddar, y Juan Pablo Vieira, CEO de JP Tactical Trading, han advertido sobre riesgos como presiones inflacionarias, aumento de la informalidad laboral y mayores costos para las empresas. Incluso el senador Juan Espinal, del Centro Democrático, se ha pronunciado en contra de lo que califica como una decisión precipitada.
Alertas por impactos fiscales y en pensiones
Entre las cifras más destacadas, el incremento proyectado generaría un sobrecosto de 6,7 billones de pesos en la nómina de Colpensiones comparado con 2025, exacerbando un déficit nacional estimado en 3,1 billones de pesos, mientras que las reservas para pensiones por capital superarían los 525 millones de pesos por persona. Además, se prevé un alza de 33 puntos básicos en los TES a 10 años en una sola sesión, lo que podría llevar al Banco de la República a elevar sus tasas de interés. Otros efectos incluyen la indexación automática de los topes para Vivienda de Interés Social (VIS), con riesgo de desfinanciamiento de proyectos si no se ajustan los subsidios, así como destrucción de empleo formal en pymes, pérdida de competitividad regional y reducción en las mesadas de pensionados bajo retiro programado.
“salario vital, ese concepto lo ponemos en el decreto, es lo que buscamos”
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Críticas de expertos al plan gubernamental
Las voces críticas abundan, con ISP describiendo la iniciativa como “el acto de mayor irresponsabilidad que podría cometer el Gobierno”, argumentando que “la generosidad de gobierno de turno la pagan los colombianos más pobres vía costo de vida e impuestos”. Camilo Herrera Mora explica que “al aumentar mucho el salario mínimo pasan varias cosas: aumentan costos, aumentan precios, se reducen utilidades en empresas y cae recaudo tributario”. Por su parte, Juan Pablo Vieira advierte que “el incremento del costo de contratación fomenta la informalidad y no mejora el poder adquisitivo real, pues la inflación y el desempleo terminan por neutralizar el beneficio nominal”.
Esta polémica surge en un momento clave para la economía colombiana, donde la filtración ha anticipado debates sobre el equilibrio entre protección social y estabilidad macroeconómica, con fuentes como Colprensa, @ISPensiones en X, @DiegoMontanezH en X y @Consumiendo en X documentando las reacciones iniciales del sector.
