En medio de una crisis fiscal que el vicepresidente José Manuel Restrepo califica como la más grave en décadas, el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella radicó ante el Congreso un proyecto de ley de rescate económico que impone un severo ajuste al gasto público. La iniciativa, presentada por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, contempla un recorte del 50% en los contratos de prestación de servicios para 2027 –medido frente a la vigencia 2026– y una reducción del 20% en la nómina estatal para 2028, con la única excepción de la fuerza pública. El objetivo es evitar que Colombia caiga en default el próximo año y sanear unas finanzas públicas que, según denunció el propio Restrepo, presentan un déficit superior al 9% del producto interno bruto.
La magnitud del hueco fiscal recibido por la actual administración llevó al Ejecutivo a presentar un paquete de medidas de austeridad sin precedentes. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el ajuste total de los gastos de la nación asciende a 45 billones de pesos, de los cuales entre 30 y 35 billones provendrían exclusivamente de la reducción del tamaño del Estado. “Esta es la primera vez que en el país se hace un ajuste fiscal de esta naturaleza, arrancando por donde debe ser, que es apretando el cinturón del Estado”, afirmó Gómez Martínez durante la radicación del proyecto. Las cifras proyectadas indican que estas medidas generarían ahorros por 44,6 billones de pesos en 2027 y hasta 76,1 billones en 2030. Solo el recorte de nómina en 2028 aportaría 9,6 billones de pesos.
Austeridad y control del gasto en el centro del plan
El proyecto de ley, que además otorga facultades extraordinarias al presidente para aplicar ajustes más profundos, establece límites al crecimiento de compras de bienes y servicios entre 2027 y 2030, y fija un tope salarial para el periodo 2029-2030 equivalente a la inflación más 0,5 puntos porcentuales. Cada entidad del Presupuesto General de la Nación deberá verificar que su planta de personal no pueda realizar una tarea antes de recurrir a una orden de prestación de servicios. Asimismo, se contemplan reorganizaciones de entidades públicas para reducir costos de funcionamiento y la obligación de que cada organismo publique su plan de austeridad y rinda cuentas al Congreso cada seis meses. Según cifras de Función Pública, el Estado colombiano contaba en agosto de 2026 con 1.422.061 servidores públicos vinculados, una expansión administrativa ocurrida entre 2023 y 2027 –durante el gobierno anterior– que los actuales funcionarios consideran insostenible y que justifica los drásticos recortes.
El vicepresidente Restrepo fue contundente al explicar la urgencia de la medida. “El hueco que recibe el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella es de tal dimensión que uno no se puede quedar quieto. Es decir, quedarse quieto significa que Colombia en 2027 entre en default. Significa que Colombia en 2027 sea un país inviable”, declaró. Y agregó que el esfuerzo debe comenzar por el propio Estado: “Que el grueso de este esfuerzo venga de nosotros mismos, que demos ejemplo, que el Estado disminuya el tamaño de lo que realiza”. En esa línea, el ministro Gómez Martínez subrayó que el proyecto busca “eliminar corbatas, eliminar burocracia innecesaria y luchar contra la corrupción”, y reconoció que cada día que han estado en el gobierno han encontrado “un roto”, una realidad que “requiere intervención inmediata”. El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 ya incorpora 17,4 billones de pesos en medidas de austeridad, mediante menores compras, transferencias e inversiones no prioritarias, como un primer paso de este ambicioso plan de rescate económico.
