La justicia colombiana fijó para el próximo lunes 3 de agosto, a las 2:10 de la tarde, la audiencia de imputación de cargos contra Miguel Quintero Calle, hermano del superintendente de Salud Daniel Quintero, y otros tres implicados en un presunto esquema de corrupción que habría desviado recursos públicos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. La diligencia, que se llevará a cabo en el Juzgado 21 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Medellín, será el escenario en el que la Fiscalía formule los cargos por interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación, y solicite medida de aseguramiento en centro carcelario para los procesados, ante el temor de que puedan obstruir la investigación.
Junto a Quintero Calle, la Fiscalía señaló a Sebastián Ortega Urán, empresario e hijo del excongresista William Ortega; a Álvaro Villada García, quien se desempeñó como subdirector Administrativo y Financiero del Área Metropolitana durante el periodo 2020-2022; y a Vanessa Álvarez Restrepo, exsecretaria de Medio Ambiente de Medellín. Según el ente acusador, los cuatro habrían participado en un entramado para desviar recursos y favorecer adjudicaciones cuando el Área Metropolitana era dirigida por Juan David Palacio Cardona, quien enfrenta otro proceso por estos mismos hechos. Las irregularidades se centran en convenios suscritos con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, a través de los cuales se habrían canalizado contratos por cerca de 18.000 millones de pesos, de los cuales comisiones que habrían superado los 3.200 millones de pesos terminaron, según la hipótesis fiscal, en actividades políticas y en beneficio de particulares.
El esquema de corrupción y el rol de los implicados
La investigación, que se apoya en testimonios, chats de WhatsApp, audios, fotografías, movimientos bancarios y contratos, revela que Miguel Quintero Calle, sin tener un cargo oficial dentro del Área Metropolitana, habría influido en decisiones contractuales. En un mensaje atribuido a Sebastián Ortega Urán y divulgado por la revista Semana, se lee: “Este también puede servir, Miguel, es de confianza”, lo que daría cuenta del nivel de cercanía entre los implicados. Ortega Urán, quien no hacía parte de la entidad, habría participado en conversaciones con Quintero y Villada en un grupo de WhatsApp denominado “Amigos”. Por su parte, Álvaro Villada García, quien llegó al Área Metropolitana en 2020 tras haber trabajado en la Gobernación de Luis Pérez Gutiérrez, tenía bajo su responsabilidad los asuntos administrativos, financieros y presupuestales, lo que le permitía, según la Fiscalía, direccionar los recursos hacia los bomberos de Itagüí y luego a subcontrataciones que favorecían a los investigados.
Vanessa Álvarez Restrepo, nombrada el 11 de mayo de 2022 y posesionada el 17 de mayo de ese año, cuando Daniel Quintero estaba suspendido temporalmente por la Procuraduría, es señalada por un testigo que colabora con la justicia como la persona que “revisaba todos los contratos y daba los vistos buenos”. Actualmente, Álvarez estaría vinculada al Fondo Adaptación. La Fiscalía sostiene que los cuatro participaron en un esquema para desviar recursos públicos mediante convenios con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, que luego eran subcontratados para ejecutar obras como el mantenimiento del parque de las Aguas, por un valor similar al de los contratos de bomberos, aunque no se ha precisado la cifra exacta.
“Este también puede servir, Miguel, es de confianza”
Mensaje atribuido a Sebastián Ortega Urán, según reporte de Semana
El caso, que involucra al hermano del superintendente de Salud, ha cobrado relevancia pública por la magnitud de los recursos y la red de poder que se tejió alrededor de la contratación estatal. Además de los cuatro imputados, el expediente incluye a cuatro personas que se acogieron a un principio de oportunidad y cuyos testimonios han sido clave para la Fiscalía. La audiencia del lunes no solo definirá la situación jurídica de los procesados, sino que marcará un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, una entidad que ha estado en el centro de múltiples escándalos durante los últimos años.
