Un ataque con explosivos lanzados desde drones contra una iglesia cristiana en zona rural de Tibú, Norte de Santander, dejó gravemente herida a la esposa del pastor del centro religioso, en medio de intensos combates entre disidencias de las Farc y el ELN que se registraron desde la mañana del jueves 18 de junio de 2026. El hecho ocurrió cuando la comunidad realizaba actividades religiosas y la mujer fue alcanzada por la metralla de los artefactos explosivos que cayeron sobre el recinto, en una escalada de violencia que mantiene en vilo a la población del Catatumbo justo cuando el país se prepara para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 21 de junio.
El mismo jueves, en el sector El Balancín de la vereda P30 Bajo El Milagro, también en jurisdicción de Tibú, fue asesinado Israel Quintero Arévalo, reconocido líder comunal y presidente de la Junta de Acción Comunal (Asojuntas) de la zona. Las circunstancias del homicidio son materia de investigación por parte de las autoridades, aunque la comunidad lo vincula directamente con la disputa territorial que sostienen el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Frente 33 del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc y otras bandas locales que se disputan el control de las rutas ilegales en esta estratégica región fronteriza con Venezuela.
Violencia preelectoral en el Catatumbo
La secuencia de ataques se produce a solo tres días de la segunda vuelta presidencial y en medio de un anuncio del ELN que declaró un cese unilateral de operaciones ofensivas contra la fuerza pública desde las 12:00 a.m. del 20 de junio hasta las 12:00 a.m. del 23 de junio, período que cubre la jornada electoral. Sin embargo, el ataque a la iglesia y el asesinato del líder comunal ocurrieron antes del inicio de esa tregua, lo que evidencia la fragilidad de la situación de orden público en la región. Organizaciones sociales advierten que el riesgo de desplazamiento masivo de familias campesinas es inminente, mientras los pobladores de diversas veredas piden al Estado acciones inmediatas para proteger sus vidas.
La comunidad del Catatumbo, clasificada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) como un corredor estratégico fronterizo clave para la movilidad irregular y las economías ilícitas, ha visto cómo los enfrentamientos armados exponen de manera sistemática a la población civil a desplazamientos forzados, confinamientos, extorsiones y reclutamiento forzado. Las autoridades locales reportan que la esposa del pastor fue trasladada a un centro asistencial, aunque no se ha revelado su estado de salud ni su identidad, mientras el pastor permanece en paradero desconocido por temor a represalias.
“La comunidad indicó que el ataque fue directo contra la iglesia y que los explosivos cayeron justo cuando la esposa del pastor estaba en el lugar. Tememos que esto sea solo el comienzo de más violencia antes de las elecciones”, señalaron voceros de organizaciones sociales de Tibú, quienes pidieron el respaldo inmediato de la Fuerza Pública para evitar que la situación se agrave.
El contexto de violencia en Tibú y el Catatumbo se enmarca en una disputa por el control territorial entre el ELN, las disidencias del Frente 33 y bandas locales que operan en la zona limítrofe con Venezuela. Durante la campaña electoral, se han registrado amenazas y hechos violentos contra la ciudadanía en distintas regiones del país, pero el ataque con drones contra un lugar de culto representa un salto cualitativo en la crudeza de los métodos utilizados por los grupos armados, que ahora incorporan tecnología de guerra para atacar a la población civil indefensa.
Mientras el país se alista para las urnas el próximo 21 de junio, el Catatumbo sigue sumido en una espiral de violencia que parece no detenerse ni siquiera ante los anuncios de tregua. La comunidad espera que el asesinato de Israel Quintero Arévalo no quede en la impunidad y que el ataque a la iglesia no sea un presagio de lo que podría venir en los días previos a la jornada electoral, cuando el ELN cesará sus operaciones contra la fuerza pública, pero no necesariamente contra la población que clama por paz en medio del fuego cruzado.
