El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), bajo la dirección encargada del coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, ordenó el traslado de 167 personas privadas de la libertad el pasado 6 de agosto de 2026, mediante la Resolución 006052. Esta masiva movilización de internos se ejecutó un día antes de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, en una operación que buscó garantizar la seguridad de los reclusos, los funcionarios y los diferentes centros penitenciarios del país ante posibles tensiones entre bandas criminales y amenazas latentes.
La decisión, que fue firmada por Gutiérrez Rojas en su calidad de director encargado —cargo en el que luego fue ratificado en propiedad por el nuevo ministro de Justicia, Iván Cancino—, respondió a múltiples factores. Entre ellos, solicitudes presentadas por los propios internos o sus familias, alertas de seguridad emitidas por las direcciones de los establecimientos carcelarios a través de actas de seguridad, y la clasificación de riesgo de los reclusos. El objetivo central fue evitar enfrentamientos, separar a miembros de distintas estructuras criminales y prevenir cualquier eventualidad que pudiera alterar el orden en las prisiones en un momento de alta relevancia política para el país.
Destinos y perfiles de los trasladados
Los 167 internos fueron distribuidos hacia una amplia red de centros penitenciarios que incluyó establecimientos en ciudades como Acacías, Ibagué, Jamundí, Bogotá, Girón, Valledupar, Florencia, Girardot, El Espinal, Guaduas, La Dorada, Tuluá, Cali, Popayán, Neiva, Cómbita y Tunja, Medellín y Bello, Socorro, Calarcá, Cartago, Pitalito y La Plata. Esta operación es independiente del traslado de otros 117 internos de alto perfil que se conoció un día después, el 7 de agosto, varios de ellos vinculados a las negociaciones de paz del anterior gobierno de Gustavo Petro.
Entre los nombres que figuran en la resolución se encuentran algunos de los reclusos más conocidos del país. Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, fue trasladada de la Escuela de Carabineros de Bogotá a la cárcel de Ibagué, para continuar cumpliendo su condena de 5 años y 3 meses por los actos vandálicos contra el sistema TransMilenio durante el paro nacional de 2019. Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, condenada a 35 años de prisión por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en 2022, también fue movilizada de la Escuela de Carabineros hacia el pabellón de alta seguridad de un establecimiento en Bogotá.
La resolución también incluyó el traslado de Sergio Andrés Pastor González, alias ’19’, quien fue enviado de La Picota al pabellón de alta seguridad de Ibagué. Pastor González fue condenado por los delitos de tortura y concierto para delinquir en el marco de los hechos ocurridos durante el estallido social de 2021. Héctor Fernando Pérez Illera, alias ‘Tomate’, señalado como cabecilla de la banda ‘Los Ariari’ y exintegrante del Bloque Centauros de las AUC, fue movido del CPMS Villavicencio al mismo pabellón de alta seguridad en Ibagué, luego de su captura en 2025.
Líderes de estructuras criminales
Entre los trasladados también se encuentran figuras relevantes del crimen organizado. Anderson Andrey Vargas Suns, alias ‘Kevin’, quien es señalado como jefe de la disidencia ‘Carlos Patiño’ desde 2023, fue movido de La Picota al pabellón de alta seguridad de La Tramacúa, en Valledupar. John Keneber Cárdenas Murillo, conocido como ‘Kenner’ o ‘Cebollero’, quien protagonizó un video amenazante en 2024 contra el director de la Policía y funcionarios del Inpec, fue reubicado entre los pabellones de La Picota.
Rafael Escobar Patiño, alias ‘Monstrico’, capturado en 2013 y señalado como uno de los hombres más buscados del Bloque Meta, fue llevado desde La Picota al pabellón de alta seguridad de Girón, Santander. Marlon Herrera Zárate, alias ‘W’ o ‘Walter’, quien cumple condena por delitos cometidos en Barrancabermeja y es señalado como líder de una estructura que posteriormente se integró al Clan del Golfo, fue trasladado al pabellón de alta seguridad de La Dorada, Caldas. Finalmente, Charly de Jesús Agámez Torres, señalado como cabecilla de la estructura ‘Arcesio Niño’, perteneciente a las disidencias de las Farc y responsable de secuestros y extorsiones, también fue enviado al centro penitenciario de La Dorada.
