La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitó a la Corte Suprema de Justicia información sobre la presunta participación o conocimiento de la exsenadora y exintegrante de las Farc, Sandra Ramírez, en el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. La magistrada Lily Rueda Guzmán, de la Sala de Reconocimiento de la JEP, emitió un auto de cinco páginas en el que pide, en un plazo de tres días hábiles, determinar si Ramírez está formalmente vinculada a la investigación por el asesinato del congresista. La solicitud surge tras las declaraciones de María Claudia Tarazona, esposa de la víctima, quien el 19 de octubre de 2026 señaló posibles conexiones entre el círculo cercano de la exsenadora y la planeación del crimen.
María Claudia Tarazona afirmó que recibió información relevante que sería revelada próximamente por la Fiscalía, la cual apunta a la existencia de una mina ilegal en la zona de Vaupés o Guainía. Según Tarazona, esta mina estaría siendo administrada por Enrique Marulanda, a quien identificó como el hijo de crianza de Sandra Ramírez y como el hijo biológico de alias Tirofijo, el extinto líder de las Farc. La esposa del senador asesinado señaló que Marulanda sería el encargado de custodiar y gerenciar ese yacimiento ilegal, el cual, según sus dichos, pertenecería a “John 40”, un integrante de la Segunda Marquetalia, la disidencia de las Farc. “Le voy a revelar este dato. Ayer llegó una información muy importante a la Fiscalía que próximamente será revelada. Le adelanto: resulta que en Vaupés o en Guainía, no estoy segura, pero en uno de estos dos lugares, hay una mina ilegal que está a cargo de un personaje que se llama Enrique Marulanda”, manifestó Tarazona en sus declaraciones.
JEP verifica cumplimiento de condiciones de Sandra Ramírez
La magistrada Lily Rueda explicó que el propósito de la solicitud no es establecer una responsabilidad penal de Sandra Ramírez, sino verificar si los señalamientos de Tarazona afectan el régimen de condicionalidad que la exsenadora adquirió al firmar su acta de compromiso con la JEP el 4 de diciembre de 2017. En dicho documento, Ramírez asumió obligaciones como la dejación de armas y la no reincidencia en delitos, condiciones necesarias para acceder a los beneficios de la justicia transicional. “Este despacho considera necesario establecer si Sandra Ramírez se encuentra comprendida en la compulsa de copias ordenada por la Fiscalía a la Corte Suprema de Justicia, así como establecer si existen actuaciones o elementos de información que la relacionen con los hechos investigados por el asesinato de Miguel Uribe”, afirmó Rueda en el auto.
La Fiscalía ordenó la compulsa de copias el 21 de octubre de 2026, un día después de que Tarazona hiciera las revelaciones. La Corte Suprema de Justicia tiene tres días hábiles para remitir la información solicitada por la JEP. Cabe recordar que Sandra Ramírez también tiene pendiente una versión voluntaria en el Caso 07 de la JEP, que investiga el reclutamiento y utilización de niñas y niños en las Farc, así como otras violencias intrafilas. En este proceso, la JEP tiene acreditadas 11.277 víctimas, de las cuales 2.250 son individuales y 9.027 son colectivas, correspondientes a cinco pueblos indígenas y un consejo comunitario afrocolombiano.
“Enrique Marulanda es el hijo de crianza de Sandra Ramírez, la excongresista, y es hijo biológico de alias Tirofijo. Él es el encargado de custodiar y gerenciar esa mina ilegal. Que le pertenece a John 40, que hace parte de la Segunda Marquetalia”
María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay
La información que reciba la JEP podría derivar en decisiones sobre los beneficios de justicia transicional de Sandra Ramírez si se establece algún incumplimiento de sus compromisos. Por ahora, ni la exsenadora ni su defensa se han pronunciado públicamente sobre los señalamientos, mientras que la Corte Suprema alista la respuesta al requerimiento de la magistrada Rueda. El caso sigue en desarrollo, a la espera de que se determine si las conexiones denunciadas por Tarazona tienen sustento en las investigaciones oficiales. La JEP, por su parte, mantiene abierta la posibilidad de que Ramírez rinda su versión voluntaria sobre estos hechos, en un contexto que mantiene en vilo a la opinión pública por las graves implicaciones para el proceso de paz.
