La magistrada Cristina Lombana Velásquez, de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, solicitó declarar improcedente la acción de hábeas corpus presentada por la defensa de la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, quien permanecerá privada de la libertad durante su indagatoria por el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La decisión fue comunicada mediante un informe remitido a la juez Veintiuno de Familia de Bogotá, Sandra Isabel Vernal Castro, encargada de estudiar la solicitud constitucional.
La magistrada Lombana, en su argumentación, sostuvo que la restricción de la libertad de la senadora del Pacto Histórico no se configura dentro de ninguna de las causales taxativas establecidas en el artículo 1° de la Ley 1095 de 2006, que regula de manera estricta las condiciones para la procedencia del hábeas corpus. Según el informe, la privación de la libertad responde a una orden judicial escrita, emitida por una autoridad competente y enmarcada dentro de una actuación penal en curso, cumpliendo con todas las formalidades legales exigidas.
Contexto de la investigación y reanudación de indagatoria
La investigación contra Martha Peralta se adelanta por su presunta participación en el escándalo de corrupción que salpica a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La indagatoria fue reanudada el pasado viernes 19 de junio ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, en un proceso que aún se encuentra en desarrollo. La defensa de la senadora había interpuesto la acción de hábeas corpus buscando su libertad inmediata, argumentando que no se cumplían los requisitos legales para mantenerla detenida.
«Declarar por carencia de fundamento la acción de hábeas corpus instaurada por la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, al no configurarse ninguna de las causales taxativas del artículo 1º de la Ley 1095 de 2006»
Cristina Lombana Velásquez, magistrada Sala Especial de Instrucción Corte Suprema de Justicia
La Corte Suprema respaldó la postura de la magistrada al enfatizar que la restricción de la libertad está sustentada en una orden judicial escrita, emitida por una autoridad competente, lo que descarta cualquier ilegalidad en la detención. La senadora, quien continuará en prisión mientras avanza la indagatoria, enfrenta un proceso penal en el que se investiga su posible vinculación con el desvío de recursos públicos en la Ungrd, un caso que ha generado amplio revuelo en el ámbito político y judicial del país. La noticia, que se encuentra en desarrollo, mantiene en expectativa a los seguidores del Pacto Histórico y a la opinión pública nacional.
