El Ministerio de Transporte, encabezado por su ministra Elsa Noguera, anunció que llevará a cabo una revisión del funcionamiento e instalación de las cámaras de fotodetección en Bogotá, luego de que el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño, denunciara un recaudo excesivo por concepto de fotomultas en la capital del país. El pronunciamiento se produjo después de que el legislador cuestionara la expansión del sistema y señalara que el mismo se ha convertido en un mecanismo de recaudo más que en una herramienta para la seguridad vial. La ministra Noguera, a través de canales oficiales, afirmó que recibió el reporte del congresista y que lo tendrán en cuenta para verificar que las cámaras cumplan con su propósito de contribuir a una movilidad más segura.
Las denuncias de Briceño se sustentan en cifras contundentes. Según el representante, el recaudo por fotomultas en Bogotá superó los 552.000 millones de pesos entre 2024 y los primeros cuatro meses de 2026. Además, reveló que el 60% de las multas fueron impuestas a vehículos que circulaban a velocidades entre 56 y 60 kilómetros por hora, un margen que, a su juicio, evidencia un enfoque recaudatorio y no preventivo. Asimismo, señaló que uno de cada tres pesos recaudados se destina a pagar la burocracia y el funcionamiento interno de la Secretaría Distrital de Movilidad, lo que refuerza la percepción de que el sistema está diseñado para generar ingresos en lugar de salvar vidas.
La polémica se desató tras el anuncio de la Secretaría Distrital de Movilidad de instalar gradualmente 18 nuevos puntos de control con cámaras de fotodetección en tres corredores viales de la ciudad: la avenida Las Américas, la NQS y la avenida El Dorado (Calle 26). La administración distrital asegura que estos dispositivos cuentan con el aval de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv) y que serán ubicados en zonas de alta accidentalidad o cerca de centros médicos y colegios. Las cámaras están diseñadas para detectar exceso de velocidad, tránsito por zonas restringidas y falta de revisión técnico-mecánica vigente, y cada registro deberá ser validado obligatoriamente por un agente de tránsito. Sin embargo, Briceño pidió directamente la intervención de las autoridades nacionales para revisar la puesta en marcha de estos nuevos puntos, argumentando que Bogotá ya cuenta con 120 cámaras de fotodetección y que los nuevos puntos solo incrementarán la persecución a los conductores.
Las declaraciones que encendieron la controversia
En su intervención, el representante Daniel Briceño no solo cuestionó las cifras, sino que también denunció lo que considera un abuso sistemático. «Como esta cámara que tengo atrás, hay 120, pero la alcaldía pretende instalar 18 puntos más. 18 puntos más que lo único que hacen es recaudar plata. Porque más allá del discursito de que cuidan la vida y de que quieren regular el tránsito, lo que hay aquí es un verdadero mecanismo de recaudo», afirmó el congresista. Además, señaló que «en Bogotá estamos cansados de la persecución» y que el sistema está montado para «alimentar burocráticamente a esa secretaría». En respuesta, el Ministerio de Transporte se comprometió a revisar el caso para verificar que las cámaras cumplan su propósito de seguridad vial.
«Recibimos tu reporte y lo tendremos en cuenta. Estamos revisando este caso para verificar que las cámaras de fotodetección cumplan con su propósito de contribuir a una movilidad más segura.»
Ministerio de Transporte, a través de canales oficiales
El malestar entre los conductores bogotanos es creciente. La percepción de que las fotomultas son un mecanismo de recaudo, sumada al hecho de que la mayoría de las sanciones se imponen por velocidades apenas superiores al límite, ha generado un ambiente de desconfianza. Mientras la Secretaría de Movilidad defiende la instalación de las nuevas cámaras como una medida necesaria para reducir la accidentalidad, el congresista Briceño insiste en que se requiere una auditoría independiente que determine si realmente están contribuyendo a la seguridad vial o si, por el contrario, se han convertido en una máquina de generar ingresos para la burocracia distrital. La revisión anunciada por el Ministerio de Transporte será clave para definir el futuro de este sistema en la capital.
