El Ministerio del Trabajo abrió una investigación contra Postobón por presuntas irregularidades en la desvinculación forzada de cerca de un centenar de trabajadores con restricciones médicas en Bogotá, a raíz de una investigación del medio independiente Vorágine. La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Mafe Carrascal, lideró la denuncia pública y aseguró que los empleados fueron citados a auditorios y hoteles sin previo aviso, donde les notificaron la terminación de sus contratos y los instaron a firmar acuerdos de “retiro voluntario” bajo presiones psicológicas y amenazas de despido.
De acuerdo con los testimonios recogidos por Vorágine, que incluyen grabaciones y documentos, los trabajadores no podían abandonar el lugar, consultar con abogados o familiares, ni siquiera tomarse un tiempo para pensar. “De frente les dijeron que firmaran ese acuerdo espurio o serían despedidos”, denunció Carrascal, quien lideró la Reforma Laboral del Gobierno de Gustavo Petro. Entre los afectados se encuentra Selena Zafra, quien laboró once años en la compañía y padece afectaciones de salud derivadas de un accidente de trabajo, lo que la sitúa bajo la figura de estabilidad laboral reforzada.
La respuesta de la empresa y el rol del Ministerio
Postobón emitió un comunicado en el que rechazó la existencia de conductas indebidas y sostuvo que las terminaciones se realizaron bajo el marco legal y mediante decisiones voluntarias. Sin embargo, Carrascal calificó esa postura como un acto de descaro: “La coacción y las amenazas son incompatibles con cualquier acuerdo verdaderamente libre. El descaro de la respuesta empresarial a esta juiciosa investigación de Vorágine revela algo todavía más profundo sobre una sociedad atravesada por desigualdades económicas abismales”.
El Ministerio del Trabajo ya realizó inspecciones a dependencias de la empresa para recabar material probatorio y evalúa la legalidad de los procedimientos, considerando que la normativa exige autorizaciones previas para desvincular a personal con estabilidad laboral reforzada. En las grabaciones obtenidas por Vorágine, un apoderado de la empresa argumenta la baja probabilidad de éxito de demandas judiciales, lo que refuerza la sospecha de una estrategia deliberada para evadir responsabilidades.
“Los grandes empresarios cuentan con un poder de negociación exorbitante, mientras las y los trabajadores saben que rechazar condiciones abusivas puede significar quedarse sin ingresos y enfrentarse al hambre. En muchas grandes empresas del país, funcionarios de recursos humanos y abogados laboralistas vulneran cotidianamente los derechos de las y los trabajadores mediante maniobras como estas”, afirmó Carrascal.
Mafe Carrascal, representante a la Cámara por el Pacto Histórico
Contexto político y advertencia sindical
La denuncia cobra especial relevancia en el contexto de transición de gobierno, ya que el Ministerio del Trabajo quedará en manos de Natalia López, exfuncionaria durante el gobierno de Iván Duque. Carrascal advirtió que en ese periodo “incluso altos funcionarios intervinieron para levantar ilegalmente huelgas, como ocurrió en el caso de Impala Terminals”, y relacionó el caso Postobón con el posible debilitamiento de garantías laborales bajo el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella. “El movimiento sindical debe mantenerse alerta”, instó la congresista, quien felicitó a Vorágine por la investigación y reiteró su apoyo a los trabajadores desvinculados. “Tenemos que organizarnos para enfrentar la arremetida contra los derechos laborales que se nos viene”, concluyó.
