El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo Restrepo, lanzó una dura crítica contra el proceso de empalme entre el Gobierno saliente de Gustavo Petro y la administración entrante de Abelardo de la Espriella, al considerar que el respaldo de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República a las solicitudes del equipo entrante genera un clima de incertidumbre y no una verdadera transición democrática. Durante la jornada del martes 30 de junio de 2026, Cuervo utilizó sus redes sociales para expresar su descontento, señalando que el tono de intimidación constante por parte del nuevo Gobierno es algo nunca antes visto en la historia del país, y que el comunicado conjunto de ambos organismos de control prácticamente valida una asimetría en las reglas del juego del empalme.
El alto funcionario advirtió que el ambiente generado alrededor de la entrega del poder sugiere una salida por la puerta de atrás, como si se tratara de una organización criminal en el poder, y puso en duda las garantías para que los funcionarios salientes rindan cuentas en un marco de respeto al Estado de Derecho. Cuervo afirmó que el comité de empalme, integrado por particulares, no tiene competencias legales para realizar funciones de auditoría, las cuales son exclusivas de los órganos de control. A pesar de ello, aseguró que desde el Ministerio de Justicia ya está lista toda la información necesaria para llevar a cabo un empalme técnico y transparente, conforme a la ley.
Críticas al clima de intimidación
En sus declaraciones, el ministro fue contundente al describir la situación: “Imagino que el escenario ideal sería que en cada comisión de empalme, afuera estén delegados de la Fiscalía y el CTI listos a hacer efectivas órdenes de captura para todos y cada uno de los ministros y directores de entidades. Ese es el clima en el que este gobierno se ve avocado a entregar el poder, prescindiendo de la legitimidad democrática con la que fue elegido”. Con estas palabras, Cuervo denunció un ambiente que, según su percepción, se asemeja más a una cacería de brujas que a una transición ordenada.
“El tono de intimidación constante del gobierno entrante de cara al empalme, algo nunca antes visto, un comunicado conjunto de @PGNCOL y @CGRColombia, prácticamente validando esa asimetría en las reglas de juego”.
Jorge Iván Cuervo Restrepo, ministro de Justicia
El ministro también se mostró dispuesto a colaborar con las autoridades, pero dejó claro que no acepta una presunción de culpabilidad. “Me pongo a disposición de las autoridades para lo que consideren pertinente. Un demócrata cumple las reglas de juego hasta el final. Espero poder desvirtuar la presunción de culpabilidad que nos han endilgado, una idea contraria al Estado de Derecho”, afirmó.
La rendición de cuentas como obligación legal
Cuervo explicó que, si bien el empalme es una buena práctica democrática, no es una obligación legal, a diferencia de la rendición de cuentas. “Es una buena práctica democrática que gobierno entrante y saliente se reúnan a conversar sobre la transmisión del poder. En Colombia es una buena costumbre, pero no es una obligación legal hacerlo. Hacer el informe de Rendición de Cuentas sí es una obligación legal”, indicó, citando la Ley 951 de 2005 y el artículo 50 de la Ley 1757. La controversia, que pone en duda la transparencia y legalidad del proceso, ocurre en medio de las tensiones propias del cambio de administración, donde la Procuraduría y la Contraloría ya habían solicitado cooperación y entrega de informes detallados con condiciones puntuales para garantizar una transición ordenada.
