El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, solicitó formalmente al Ministerio de Hacienda una adición de cuatro billones de pesos al Presupuesto General de la Nación para financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026, al advertir que los setecientos mil millones de pesos actualmente asignados resultan completamente insuficientes. La petición, presentada durante su intervención del 2 de septiembre en la Comisión Séptima del Senado, será elevada en los próximos quince días al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, para que sea incluida en la discusión del Presupuesto General de la Nación de 2027.
El sismo, que sacudió principalmente a Cali, Pereira, Manizales, Quibdó y otras ciudades, dejó un saldo devastador en 16 departamentos y 294 municipios. Solo en Cali, la ciudad más golpeada, se reportan 13.051 viviendas destruidas y 53.000 averiadas, mientras que en Quindío se contabilizan 3.026 viviendas colapsadas. Ante la magnitud de los daños, el Gobierno ha estructurado un plan de reconstrucción en tres fases: una primera de atención inmediata, que concluye el 30 de septiembre y está a cargo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, una segunda fase de reconstrucción con una proyección a nueve meses, y una tercera de renovación urbana a dos años, que incluye vivienda nueva, cofinanciación e intervenciones ligadas a los planes de ordenamiento territorial.
Cifras alarmantes en Cali y el Eje Cafetero
La solicitud del ministro Beltrán busca subsanar el enorme desfase entre los recursos disponibles y las necesidades reales. Según el funcionario, el costo total de la reconstrucción podría oscilar en cifras mucho mayores: se especula que podría alcanzar los 30 billones de pesos, aunque aún no existe una cifra cerrada oficial. Sin embargo, solo Cali podría requerir entre 10 y 12 billones de pesos, y Pereira tendría un costo similar. La cobertura estimada del sector asegurador alcanza los seis billones de pesos, insuficiente para cubrir la magnitud de las pérdidas. Un informe del Banco de Occidente elevó aún más la proyección, calculando que los costos totales rondarían los 40 billones de pesos. El ministro fue enfático durante su intervención: «Setecientos mil millones de pesos no es absolutamente nada para hablar de un proceso de reconstrucción».
En Cali, la situación es particularmente compleja: cerca del 48 por ciento de los afectados en estratos 4, 5 y 6 son mayores de 50 años, pensionados o personas cercanas a la pensión, lo que dificulta su acceso a nuevos créditos para reconstruir sus viviendas. Además, la ciudad enfrenta un déficit de 120 profesionales técnicos para la presente semana, lo que evidencia la falta de capacidad operativa para atender la demanda de reparaciones y reconstrucciones. La respuesta del sector financiero incluye una tasa preferencial acordada del ocho por ciento para las zonas afectadas, una medida que busca aliviar la carga de los damnificados.
Las tres fases de la reconstrucción
La primera fase de atención, comprendida entre el 10 de agosto y el 30 de septiembre, ha estado liderada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. En paralelo, ya comenzó la segunda fase, proyectada a nueve meses, para la cual se han emitido decretos y medidas que buscan acelerar los procesos de reconstrucción. La tercera fase, prevista a dos años, contempla la construcción de vivienda nueva, esquemas de cofinanciación y la articulación con los planes de ordenamiento territorial de los municipios afectados. El presidente Abelardo de la Espriella visitó Cali apenas seis horas después del terremoto, lo que refleja la prioridad que el Gobierno ha dado a esta ciudad.
El ministro Beltrán destacó que Quindío sufrió menos daños que Risaralda y Caldas debido a que adoptó medidas sismo resistentes desde hace años, lo que minimizó el impacto en su infraestructura. En contraste, Cali concentra los daños más profundos y requiere una atención urgente. Alcaldías de Bogotá, Medellín y Barranquilla han enviado equipos técnicos de apoyo para colaborar en las labores de evaluación y reconstrucción.
«Entiendo y comprendo las diferencias ideológicas y políticas que se puedan sentar sobre la mesa, pero hoy el llamado no es a pensar en el actor que está ahí sentado al frente, es a pensar en la familia que nos está esperando en el territorio»
Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda
Llamado a la unidad y al sector privado
Durante su intervención, el ministro también hizo un llamado a no satanizar a los privados, cuyo rol ha sido crucial en la respuesta inicial. «No satanicemos a los privados, arropemos a los privados que son los que han podido hacer lo que el Gobierno como herramienta no tiene para reaccionar de manera rápida», afirmó. Hasta la fecha, se han gestionado 1.031 toneladas de materiales donados, de las cuales más de 640 toneladas han sido entregadas en Chocó. La empresa Argos aportó 120 toneladas de materiales y se comprometió a construir 1.000 viviendas, 500 para Chocó y el resto para zonas rurales. Eternit donó 31 casas, Marval seis viviendas y Camacol ofreció descuentos por 20.000 millones de pesos. Además, se han identificado 20.079 viviendas potenciales en predios aportados por alcaldías y gobernaciones.
El ministro fue cauto al referirse a las cifras globales: «Se especula que la reconstrucción del país vale 30 billones de pesos, se especula. Pretender tener un número hoy seríamos irresponsables y ligeros a la hora de establecer realmente cuánto vale la reconstrucción». La solicitud formal de los cuatro billones de pesos adicionales se presentará en los próximos quince días, en el marco de la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027. Mientras tanto, las familias damnificadas esperan respuestas concretas en medio de una crisis que aún no tiene una dimensión total definida.
