El Ministerio de Salud y Protección Social, liderado por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, desautorizó de manera oficial al Instituto Nacional de Cancerología para suspender temporalmente la atención a nuevos pacientes afiliados a la Nueva EPS, en un pronunciamiento que busca garantizar la continuidad de los servicios de salud en medio de crecientes tensiones en el sector.
Esta decisión del Ministerio argumenta que la medida propuesta por el Instituto contraviene directamente la Ley 1751 de 2015, que consagra el derecho fundamental a la salud y prohíbe cualquier limitación a la continuidad y oportunidad de los servicios, especialmente en casos de alta complejidad como el cáncer, donde cualquier interrupción podría poner en riesgo la vida de los pacientes.
Riesgos y posibles consecuencias legales
La determinación del Instituto Nacional de Cancerología generaba preocupación por la posible afectación a la prestación de servicios esenciales, lo que podría derivar en denuncias penales y quejas disciplinarias por omisión si se mantenía la negativa a atender a estos afiliados, subrayando la prohibición absoluta para cualquier institución de restringir el acceso a la atención médica.
En un contexto de tensiones crecientes por la prestación de servicios de salud en el país, esta noticia se encuentra en desarrollo y resalta la importancia de priorizar la protección de los derechos de los usuarios del sistema, evitando cualquier barrera que comprometa tratamientos vitales.
