El expresidente Gustavo Petro desató una fuerte controversia en redes sociales al compartir un video que mostraba el terror de civiles durante un ataque en El Tarra, Norte de Santander, pero atribuyéndolo erróneamente al actual gobierno de Abelardo de la Espriella como un bombardeo contra la población civil. La publicación, realizada sin verificar la vigencia del material, generó una inmediata respuesta del ministro de Defensa, Jorge Mora, quien desmintió la información y señaló que el video correspondía a hechos ocurridos en abril de 2022, es decir, meses antes de que el propio Petro asumiera la Presidencia de la República. El partido Cambio Radical calificó al exmandatario de «mentiroso y oportunista», mientras el debate sobre la seguridad en el Catatumbo se intensifica.
El video difundido por Petro en la red social X mostraba a civiles aterrorizados durante un ataque, y el expresidente lo acompañó con un mensaje en el que acusaba al gobierno de De la Espriella de bombardear a la población civil, incluidos niños y niñas, calificando los hechos como un crimen de guerra que debería ser investigado por la Fiscalía o por la Corte Penal Internacional. Sin embargo, el material era una grabación de abril de 2022, registrada en el mismo municipio de El Tarra, pero correspondiente a un enfrentamiento armado entre el ELN y disidencias de las Farc, no a una operación del Gobierno actual. El ministro de Defensa, Jorge Mora, respondió directamente al expresidente: «Expresidente @petrogustavo verifique. Así evita desinformar. En asuntos de seguridad y defensa, los hechos y las fechas importan. El video que usted publica y comenta corresponde a hechos ocurridos en El Tarra en abril de 2022, pocos meses antes de su posesión como Presidente de la República. ¿No se interesó durante su mandato en ese acontecimiento entonces tan reciente?».
El bombardeo real y la controversia actual
Paralelamente, el 10 de agosto se registró un bombardeo en la vereda El Sinaí, ubicada en el municipio de San Calixto, en límites con El Tarra, que dejó tres campesinos heridos, entre ellos una mujer de 44 años, y provocó el desplazamiento forzado de varias personas hacia la cabecera municipal de El Tarra, según denunció la Defensoría del Pueblo en un comunicado emitido el 11 de agosto. El Ministerio de Defensa confirmó la operación, pero aseguró que fue contra el ELN y que dos presuntos miembros de esa guerrilla resultaron dados de baja, negando cualquier afectación a civiles. La Defensoría, por su parte, señaló que en la zona había presencia de población no combatiente, lo que ha generado un cruce de versiones entre el Gobierno y el organismo de derechos humanos.
En este contexto, la publicación de Petro fue interpretada como un intento de utilizar la grave situación de seguridad en el Catatumbo con fines de propaganda política. Cambio Radical no escatimó en críticas: «Qué bajo, mentiroso y oportunista es @petrogustavo. Más bajo aún es utilizar sus redes sociales para generar matoneo, persecución y desinformación, especialmente cuando se trata de un tema tan grave como la seguridad (…) No manipule la información ni pretenda engañar a los colombianos. La seguridad del país no puede convertirse en una herramienta de propaganda política». El Ministerio de Defensa reiteró que la fuerza pública actúa conforme al derecho internacional humanitario y protege los derechos humanos, mientras que el expresidente no se ha pronunciado sobre la desinformación generada.
«Mientras mi gobierno llevó una universidad pública y gratuita al Tarra, Catatumbo, el actual gobierno bombardeo a la población civil, incluidos niños y niñas. Este es un crimen de guerra que debe ser investigado por la fiscalía o en su defecto por la Corte Penal Internacional».
Gustavo Petro, expresidente de Colombia
La polémica deja en evidencia la falta de verificación por parte del expresidente al difundir contenido sensible en redes sociales, así como la creciente tensión política en torno a la estrategia de seguridad en el Catatumbo, una región históricamente golpeada por el conflicto armado. Mientras el Gobierno de De la Espriella defiende sus operaciones militares, la Defensoría del Pueblo insiste en la necesidad de proteger a la población civil, y Petro enfrenta acusaciones de manipulación informativa en un escenario donde los hechos y las fechas resultan determinantes para no engañar a los colombianos.
