En una nueva escalada de su denuncia sobre el proceso electoral de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, el presidente Gustavo Petro insistió este miércoles en su tesis de un presunto fraude, desplazando el foco de su controversia desde el reconteo de votos hacia el censo electoral. A pesar de que la Registraduría Nacional del Estado Civil reportó un cierre de escrutinio con apenas un 0,7% de reclamaciones y sin contratiempos, el mandatario aseguró tener pruebas de irregularidades en los formularios E-10 y E-11, los documentos que certifican qué ciudadanos estaban habilitados para votar y quiénes efectivamente lo hicieron. La denuncia, difundida a través de su cuenta en la red social X, ocurre en medio de la tensión política que dejó la primera vuelta, donde el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella obtuvo el 43,74% de los votos, superando al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien alcanzó el 40,90%, lo que forzó una segunda vuelta electoral.
Petro, quien ha sido constante en sus señalamientos contra la Registraduría desde el cierre de las urnas, aseguró que la clave para determinar un posible fraude no está en contrastar los formularios E-14 con los datos de conteo, sino en verificar los documentos de base del censo. «La prueba definitiva no es contrastar formularios E14 con datos de conteo, sino ir a los formularios E-10 y E-11 y mirar si las personas que aparecen allí votando están en el censo electoral oficial», escribió el presidente. Según su argumentación, el censo electoral fue «posiblemente adicionado el 26 de mayo», una fecha clave que, de ser cierta, implicaría una modificación extemporánea del padrón de votantes. Para sustentar su denuncia, el mandatario señaló que el censo pasó de 41.421.973 a 42.307.373 ciudadanos, una diferencia de 885.409 cédulas, y afirmó que el software de la Registraduría fue alterado dos veces el mismo 26 de mayo, a las 1:21 de la tarde y a las 7:21 de la noche. Además, indicó que hay 1.493 mesas de votación adicionales y 696 puestos de votación más de los oficialmente registrados, al contrastar los 120.527 puestos oficiales con los 122.020 que, según él, aparecen en los registros.
Petro anuncia recurso ante el CNE y advierte sobre 5.300 mesas “atípicas”
En su denuncia, el presidente Petro reveló que identificó 5.300 mesas de votación que calificó como «atípicas», aunque no especificó los criterios para esa clasificación. Para formalizar su reclamo, anunció que presentará un recurso ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), pero aclaró que esta acción no tiene como objetivo detener el proceso electoral de cara a la segunda vuelta. «No detiene las elecciones, solo llevan a una investigación minuciosa en la justicia, miren estas primeras pruebas», escribió el mandatario, quien dijo poseer metadatos que demostrarían las modificaciones al software de la entidad. La controversia llega en un momento de máxima tensión entre el Gobierno y la Registraduría, que se ha defendido asegurando la transparencia del proceso. El registrador nacional, Hernán Penagos, afirmó que «se llevó a cabo un muy buen conteo de mesa» y que «el escrutinio se llevó a cabo con mucho juicio y rigor», además de recordar que participaron 3.000 comisiones escrutadoras y que la entidad entregará un informe completo sobre puestos y mesas este jueves 4 de junio.
«La prueba definitiva no es contrastar formularios E14 con datos de conteo, sino ir a los formularios E-10 y E-11 y mirar si las personas que aparecen allí votando están en el censo electoral oficial. El censo electoral fue posiblemente adicionado el 26 de mayo.»
Gustavo Petro, presidente de la República
La insistencia del presidente en desconocer los resultados de la primera vuelta, ahora centrada en el censo electoral, amenaza con profundizar la crisis de credibilidad institucional y generar mayor incertidumbre entre el electorado. Mientras la Registraduría defiende su proceso con el argumento del bajo índice de reclamaciones, Petro redobla su apuesta al afirmar que la anomalía en el censo es la prueba definitiva de un fraude, un escenario que, de confirmarse, tendría implicaciones judiciales de gran magnitud. La segunda vuelta presidencial se aproxima, y el debate sobre la legitimidad del proceso electoral se perfila como uno de los ejes centrales de la campaña.
