El presidente Gustavo Petro ordenó a la Policía Nacional detener a toda persona que agreda a quienes ejercen el derecho al escrutinio, tras conocerse la presunta agresión del concejal de Medellín Andrés ‘Gury’ Rodríguez contra abogados que revisaban el proceso electoral en puestos de votación de la capital antioqueña. La instrucción fue emitida por el mandatario el 11 de marzo de 2024 a través de su cuenta oficial en la red social X, en un mensaje donde también afirmó que hubo compra de votos durante los escrutinios.
El pronunciamiento del jefe de Estado se da en medio de la tensión generada por el incidente en el que, según versiones preliminares, el concejal habría agredido a profesionales del derecho que se encontraban verificando el desarrollo del escrutinio en varios puntos de votación de Medellín. La situación llevó al presidente a intervenir de manera directa, solicitando a la fuerza pública que actúe con firmeza para garantizar la integridad de quienes participan en la vigilancia del proceso electoral.
Orden presidencial y contexto de la agresión
En su mensaje, Petro fue contundente al señalar que no se tolerarán actos de violencia contra quienes ejercen su derecho a fiscalizar los escrutinios. La petición del mandatario se extiende a nivel nacional, aunque el hecho que motivó la declaración ocurrió específicamente en Medellín, donde el concejal Rodríguez habría protagonizado el altercado con los abogados. El presidente no solo condenó la agresión, sino que vinculó el incidente con denuncias más amplias sobre irregularidades en el proceso electoral, al asegurar que hubo compra de votos.
«Le pido que a la policía detener a toda persona que violenta a otras por el derecho a los escrutinios»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
La declaración presidencial refleja la preocupación del Gobierno Nacional por la integridad del proceso electoral y la seguridad de quienes participan en su verificación. El llamado a la Policía Nacional busca prevenir que situaciones como la ocurrida en Medellín se repitan en otras regiones del país, en un contexto donde el escrutinio de votos sigue siendo un punto álgido del debate político nacional. Hasta el momento, no se han reportado más incidentes similares, pero la orden presidencial deja claro que el uso de la violencia contra quienes ejercen labores de fiscalización electoral no será tolerado.
