El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, presentó un derecho de petición ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Omar Bula Escobar, exigiendo explicaciones detalladas sobre la suspensión provisional de los convenios e instrumentos del nuevo modelo de pasaporte. La medida fue ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que suspendió de manera cautelar el Convenio Interadministrativo Específico 001 de 2025 y el contrato CI-005 de 2026, además de todos los contratos y convenios derivados, firmados por el Fondo Rotatorio de la Cancillería, la Imprenta Nacional y la entidad portuguesa Imprensa Nacional Casa da Moeda, aunque este último acuerdo sigue vigente. La solicitud fue radicada el pasado jueves 3 de septiembre de 2026 y busca esclarecer las irregularidades detectadas por el tribunal, mientras que la expedición de pasaportes no se ha interrumpido.
El tribunal identificó tres frentes críticos en su providencia. En primer lugar, se comprometieron recursos públicos hasta el año 2036 sin que existieran los avales fiscales del Confis ni la declaratoria de importancia estratégica del Conpes. También se encontraron dudas sobre la transferencia de conocimiento, que fue financiada con recursos públicos y que podría beneficiar a particulares. Finalmente, persiste una incertidumbre sobre la operación real del modelo, dado que el proveedor anterior suministró libretas hasta el 31 de julio de 2026, mientras que la producción en Colombia solo está proyectada a partir de enero de 2031. La Cancillería y las demás entidades involucradas tienen un plazo de 20 días hábiles para entregar un informe detallado que explique quién produce las libretas, los actores participantes, la ubicación, la cadena de producción, los protocolos de seguridad, la custodia y la trazabilidad del proceso.
Preocupación por la calidad y la inversión
En sus declaraciones, Honorio Henríquez expresó su preocupación no solo por los aspectos legales, sino también por la calidad del producto. “Con relación a la decisión de un juez de la República, estoy pidiéndole a la Cancillería que nos informe en qué va el tema y cómo vamos a superar las dificultades que ahí presuntamente tiene el juez. Esperamos la respuesta”, afirmó el presidente del Congreso. Además, agregó: “Que nos aclaren cómo ha sido el contrato, la inversión y todos esos temas que hoy siguen suscitando discusión, y la vida útil de esos pasaportes: que muchos dicen que no son buenos, que parece que se deshojan y eso es muy delicado. Muy grave”.
“Cuando están en juego los pasaportes de millones de colombianos, la seguridad de su información y los recursos públicos, no puede haber zonas grises”
Nicolás Dupont, abogado demandante
El abogado demandante, Nicolás Dupont, también se pronunció sobre la situación, señalando que el tribunal actuó ante cronogramas incumplidos e informes contradictorios. “Ahora las entidades tendrán que explicar y demostrar cómo funciona realmente este modelo”, afirmó. El contrato para la expedición de pasaportes en Colombia, suscrito durante el gobierno de Gustavo Petro, ha sido objeto de controversia y ahora enfrenta una suspensión judicial parcial que busca cumplir con los estándares de la OACI, pero que ha dejado al descubierto irregularidades en la gestión de los convenios y la cadena de producción. Mientras tanto, la Cancillería deberá responder en los próximos 20 días hábiles, y el ministro Omar Bula Escobar ya se ha pronunciado sobre el asunto, aunque sin detallar su postura.
