La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para investigar presuntas irregularidades en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), con el objetivo de determinar posibles responsabilidades en los ministerios de Hacienda y Crédito Público, de Salud y Protección Social, y en la Fiduprevisora, entidad administradora del Fondo. La decisión del Ministerio Público se adoptó después de que una auditoría practicada al Fomag evidenciara un incremento en los costos de la prestación de servicios de salud para los docentes y sus afiliados, así como anomalías en el diseño del modelo de salud implementado por el gobierno anterior.
La investigación, que se encuentra en su fase inicial, busca esclarecer las circunstancias que rodearon esas irregularidades y establecer si existen responsables en las entidades señaladas. Según la información divulgada por Catalina Olaya, de Colprensa, la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas y requirió información a las dependencias involucradas para avanzar en el esclarecimiento de los hechos. La noticia está en desarrollo, por lo que se espera que en los próximos días se conozcan nuevos detalles sobre el alcance de la indagación.
Las anomalías detectadas en el Fomag
De acuerdo con el material conocido, son cuatro las anomalías específicas que motivaron la apertura de la indagación previa. Si bien no se han revelado todos los pormenores, los hallazgos iniciales apuntan a un aumento significativo de los costos en la prestación de los servicios de salud para el magisterio y a fallas en el diseño del modelo asistencial que se venía aplicando. Estos señalamientos comprometen directamente a los ministerios de Hacienda y de Salud, así como a la Fiduprevisora, en su condición de administradora de los recursos del Fondo.
El Fomag es el encargado de garantizar la prestación de los servicios sociales y de salud a los maestros del país, por lo que cualquier irregularidad en su gestión tiene un impacto directo en la calidad de vida de los docentes y de sus familias. La Procuraduría, en el marco de sus competencias disciplinarias, deberá determinar si las anomalías detectadas obedecen a acciones u omisiones de los funcionarios responsables y, en caso de encontrar mérito, formular los cargos correspondientes.
La indagación previa es una etapa preparatoria dentro del proceso disciplinario en la que se verifican los hechos y se recaudan las pruebas necesarias para decidir si hay lugar a abrir una investigación formal. Durante este tiempo, las entidades investigadas tienen la posibilidad de entregar la información que les sea requerida y de aportar los elementos que consideren pertinentes para su defensa. Mientras tanto, la comunidad educativa estará atenta al desarrollo de un proceso que, por sus implicaciones, podría marcar un precedente en el manejo de los recursos destinados a la salud del magisterio colombiano.
