La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República adelantan investigaciones contra la Agencia Nacional de Tierras (ANT) por autorizar anticipos por 14.339 millones de pesos para la compra de cuatro haciendas en Puerto Gaitán, Meta, pese a que estudios técnicos previos advertían restricciones ambientales, agronómicas y territoriales que impedían destinar esos predios a la reforma agraria campesina. Los recursos comprometidos superan los 36.000 millones de pesos, y los anticipos, que representan entre el 30% y el 50% del valor de cada propiedad, fueron girados en enero de 2024, después de que la ANT firmara las promesas de compraventa entre noviembre y diciembre de 2023.
Los predios involucrados son Visalia, El Paraíso, La Porfía y La Juliana, todos ubicados en Puerto Gaitán, departamento del Meta. Según la información recopilada por los organismos de control, los estudios técnicos realizados antes de las transacciones ya señalaban superposiciones con resguardos indígenas, afectaciones al humedal Alto Vichada, límites de Unidad Agrícola Familiar, baja fertilidad de los suelos y otras condiciones territoriales que hacían inviable su uso para la reforma agraria. Aun así, la ANT autorizó los desembolsos: 8.139 millones para Visalia, 2.906 millones para El Paraíso, 1.759 millones para La Porfía y 1.534 millones para La Juliana.
Observaciones técnicas ignoradas
Las investigaciones de la Procuraduría y la Contraloría buscan determinar cómo la ANT pudo comprometer más de 36.000 millones de pesos en predios que, según las advertencias técnicas, no cumplían las condiciones para ser incorporados al Fondo de Tierras. El propio director de la ANT, Felipe Harman, ha reconocido que los predios presentan “graves limitaciones para el desarrollo de actividades agrícolas sostenibles”. Harman, quien asumió el cargo después de que se firmaran las promesas de compraventa, ordenó una revisión integral de los casos y creó el Comité de Casos Críticos para evaluar la situación. La ANT ha presentado unas 15 denuncias ante las autoridades sobre posibles hechos con impacto en el patrimonio público.
La Procuraduría, por su parte, ha cuestionado la falta de una metodología uniforme para conciliar los sistemas de información de la ANT, lo que habría facilitado estas operaciones. La Contraloría advirtió sobre los riesgos de comprometer recursos sin asegurar la consolidación de los negocios jurídicos. Actualmente, los cuatro predios no han podido ser incorporados al Fondo de Tierras porque las observaciones técnicas siguen impidiendo que cumplan la finalidad para la cual fueron adquiridos. En La Porfía y La Juliana aparecen inscritas escrituras de compraventa a favor de la ANT desde mayo de 2024, mientras que en Visalia y El Paraíso el segundo pago quedó condicionado al recibo definitivo de los predios.
“Ellos no han pagado el ciento por ciento del valor del predio y por eso, los vendedores han entregado los predios y no tienen por qué hacerlo. Y hay unos perjuicios para los vendedores porque no es culpa de ellos que la Agencia Nacional de Tierras haya hecho una visita técnica que salió que no era viable y que aun así continuaran con la compra de los predios. Los vendedores también fueron engañados”.
Fuente cercana al proceso citada por revista Cambio
Pasos siguientes y posibles destinaciones
Un memorando del 6 de febrero de 2025 ordenó trasladar los expedientes a la Dirección de Asuntos Étnicos para evaluar una eventual destinación de los predios a sujetos étnicos o una entrega compartida con campesinos. Mientras tanto, los predios La Porfía y La Juliana fueron convocados a conciliación extrajudicial, lo que evidencia la complejidad jurídica de las transacciones. Las investigaciones de la Procuraduría y la Contraloría avanzan para determinar las responsabilidades fiscales y disciplinarias, en un caso que ha generado un fuerte cuestionamiento a la gestión de la ANT en la ejecución de la reforma agraria.
