Un demoledor balance del Ministerio de Defensa, que compara los primeros 90 días del gobierno de Abelardo de la Espriella con el mismo periodo de la administración de Gustavo Petro, revela un alarmante deterioro en varios frentes de la seguridad en Colombia. Según el informe, que abarca del 7 de agosto al 5 de noviembre de 2026, el reclutamiento ilícito de menores se disparó un 152%, al pasar de 52 a 131 casos. De manera aún más grave, los actos de terrorismo se cuadruplicaron, con un incremento del 304% al saltar de 84 a 339 incidentes. La cifra de personas confinadas también creció de forma dramática, un 155%, afectando a 21.482 ciudadanos, en comparación con los 8.436 del periodo anterior.
El informe ministerial desglosa un panorama complejo donde la violencia ejercida por grupos armados organizados se intensificó notablemente. Los homicidios en medio de enfrentamientos con el crimen se dispararon un 466,7%, pasando de 15 a 85, mientras que los asesinatos perpetrados directamente por estos grupos crecieron un 315,3%, al totalizar 515 víctimas frente a las 124 previas. El control criminal, una variable que no presentó registro en el periodo de comparación, ya suma 34 casos. Asimismo, el número de uniformados asesinados asciende a 38, distribuidos en 21 del Ejército, 16 de la Policía y 1 de la Armada, mientras que 213 resultaron heridos en acción. Este contexto de violencia se enmarca en hechos como el ataque con drones explosivos al cantón militar de Santa Rosa del Sur, en Bolívar, que dejó un saldo de 3 soldados muertos y 16 heridos.
Afectaciones a grupos armados y seguridad ciudadana
El balance también presenta contrastes significativos en las acciones de la fuerza pública contra las estructuras criminales. Mientras que las afectaciones al Ejército de Liberación Nacional (ELN) aumentaron un 145%, pasando de 120 a 294, y las capturas de sus miembros se duplicaron de 99 a 238, las bajas en combate de este grupo se incrementaron en un 1.267%, al pasar de 3 a 41. En sentido opuesto, las afectaciones contra el Clan del Golfo cayeron un 55%, al descender de 707 a 321. En el aspecto de la seguridad ciudadana, se reporta una reducción del 54% en el desplazamiento individual y masivo (de 23.065 a 10.622 personas) y del 19% en las masacres (de 27 a 22 casos), así como en sus víctimas, que pasaron de 101 a 72. Los homicidios intencionales totales mostraron una ligera disminución del 4,6% al pasar de 3.303 a 3.151.
Economías ilegales y control territorial
En la lucha contra las economías ilícitas, los resultados son mixtos. Por un lado, la incautación de clorhidrato de cocaína creció un 34% a nivel nacional, alcanzando los 196.559 kilogramos, y un 76% en operaciones internacionales, con 114.452 kilogramos. La intervención contra la minería ilegal se disparó, con un 221% más de minas intervenidas (1.700) y un 190% más de maquinaria incautada (223 unidades). Sin embargo, la erradicación de cultivos ilícitos se desplomó un 66%, al pasar de 13.696 a 4.591 hectáreas, y la incautación de hoja de coca cayó un 34%. A pesar de la intensificación de la violencia, el secuestro aumentó un 56% (de 54 a 84 casos) y la extorsión un 5% (de 2.437 a 2.571), mientras que la trata de personas se redujo un 79%. Las afectaciones totales a los grupos armados organizados se mantuvieron casi iguales, con una leve caída del 4%.
