Mediante el Decreto No. 065 del 3 de junio de 2026, la Alcaldía de San José del Guaviare, encabezada por el alcalde Willy Alejandro Rodríguez Rojas, declaró oficialmente el confinamiento en cuatro veredas y dos resguardos indígenas del municipio, como respuesta a la crisis humanitaria desatada por los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá y alias Iván Mordisco. La medida, validada por el Comité Municipal de Justicia Transicional Extraordinario, busca activar las rutas institucionales de atención humanitaria y coordinar acciones con entidades municipales, departamentales y nacionales para mitigar las graves afectaciones a la población civil.
Los combates, ocurridos a finales de mayo, han dejado una cifra escalofriante: 48 muertos, entre ellos 11 menores de edad, según el reporte de Medicina Legal. La Defensoría del Pueblo informó que más de 10.000 personas se encuentran confinadas en las veredas Cumare, Siberia y Pipiral, así como en los resguardos indígenas Barranco Ceiba y Barranco Colorado. Las confrontaciones han impedido la circulación de misiones médicas, han generado desabastecimiento de alimentos y bienes esenciales, y afectan gravemente a estudiantes, docentes, niños, niñas y adolescentes de la región.
Llamado urgente de organismos internacionales
En un comunicado emitido el 2 de junio, la Defensoría del Pueblo advirtió que «el departamento del Guaviare enfrenta una crisis humanitaria que refleja la persistencia de las dinámicas de violencia y vulneración de derechos: hay personas desaparecidas, menores de edad reclutados y asesinados, y hoy más de 10.000 personas están confinadas por confrontaciones». Por su parte, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia hizo un llamado a la Alcaldía y a la Gobernación del Guaviare para que brinden «una respuesta humanitaria oportuna y adecuada a las comunidades de los Pueblos Indígenas Jiw y Nukak afectadas por desplazamiento y confinamiento provocados por los enfrentamientos».
«El departamento del Guaviare enfrenta una crisis humanitaria que refleja la persistencia de las dinámicas de violencia y vulneración de derechos: hay personas desaparecidas, menores de edad reclutados y asesinados, y hoy más de 10.000 personas están confinadas por confrontaciones»
Defensoría del Pueblo, comunicado del 2 de junio
El decreto municipal contempla la solicitud al Gobierno nacional y a la Gobernación del Guaviare para instalar un Puesto de Mando Unificado por la Vida (PMU), así como la activación de la Ruta de Atención Humanitaria. La administración local gestionará presencia institucional ante ministerios y entidades competentes, fortalecerá las acciones de seguridad con la fuerza pública y pondrá en marcha estrategias de acompañamiento psicosocial para niños, niñas, adolescentes, líderes comunitarios y población vulnerable. Además, se articula con la Gobernación para gestionar ayudas humanitarias y proteger la infraestructura educativa y sanitaria de las zonas afectadas.
La ONU también exhortó a los grupos disidentes a que «respeten el derecho internacional humanitario y todos los derechos de quienes no participan de las hostilidades, en particular de los pueblos indígenas», en un llamado que subraya la urgencia de detener la violencia que mantiene a miles de personas en medio del fuego cruzado y sin acceso a servicios básicos.
