La Personería de Obando, en el Valle del Cauca, alertó sobre la existencia de al menos seis concejales adicionales amenazados de muerte e intimidados, tras el asesinato de la presidenta del Concejo Municipal, Mileidy Yurani Villada. Este hecho ha generado una profunda preocupación en el municipio, donde las amenazas provienen de estructuras criminales que disputan economías ilegales y el control territorial en el norte del Valle del Cauca. Las intimidaciones se han intensificado recientemente mediante panfletos, mensajes en redes sociales y cadenas de WhatsApp, exigiendo la salida de dirigentes y advirtiendo sobre posibles atentados.
Herner Carreño, personero municipal, reveló que Mileidy Yurani Villada había recibido amenazas desde hace cuatro años, pero las medidas de protección asignadas resultaron insuficientes. Aunque se le entregaron un chaleco antibalas y un celular, nunca se le proporcionó un escolta. Hoy, más del 70 por ciento de los integrantes del Concejo Municipal enfrentan riesgos similares, sin que ninguno cuente con un esquema de seguridad robusto, lo que ha reactivado el debate sobre la efectividad de las medidas impulsadas por la Unidad Nacional de Protección.
Investigación en curso y amenazas extendidas
Las autoridades judiciales mantienen en curso la investigación por el homicidio de Villada, quien había solicitado formalmente protección sin obtener respuestas adecuadas. Estas amenazas no se limitan al Concejo, ya que también afectan a otros funcionarios públicos y líderes sociales en la región, atribuidas a grupos criminales vinculados al microtráfico y otras rentas ilícitas que buscan imponer su dominio territorial.
“A ella le enviaron un chaleco y un celular como medida de protección, pero nunca le asignaron un escolta”
Herner Carreño, personero municipal
“Hay una preocupación inmensa porque más del 70 % de los integrantes del Concejo Municipal se encuentran amenazados”
Herner Carreño, personero municipal
La situación en Obando subraya la vulnerabilidad de los líderes locales frente al avance de las economías ilegales, demandando acciones urgentes para fortalecer la seguridad y garantizar la continuidad del servicio público en medio de este clima de violencia.
