En la sesión de la Comisión Quinta del Senado del Congreso de la República, celebrada el 21 de abril de 2026, la senadora Andrea Padilla cuestionó con vehemencia la implementación efectiva de la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, en los municipios del país. Durante su intervención legislativa, la parlamentaria destacó las brechas en la ejecución territorial de esta norma, atribuyéndolas a fallas administrativas, ausencia de formación técnica adecuada y debilidades en los procesos de control local.
La Ley Ángel, que impone penas de entre 20 y 42 meses de prisión por maltrato grave, muerte intencional o abuso sexual contra animales, y multas de hasta 60 salarios mínimos cuando el animal fallece, enfrenta obstáculos significativos en su aplicación práctica, según Padilla. Estos incluyen problemas como el hacinamiento en el transporte intermunicipal hacia mataderos, donde servicios públicos llevan terneros, gallinas, perros y gatos en bodegas hasta que llegan asfixiados.
Origen y alcances de la Ley Ángel
La Ley 2455 de 2025 surgió del conmovedor caso de Ángel, un perro maltratado en Copacabana, Antioquia, y fue aprobada por unanimidad al reconocer a los animales como seres sintientes, elevando las sanciones por maltrato. Entre sus novedades, tipifica delitos como la violencia vicaria contra animales, la difusión de material sexual con ellos y la mutilación con fines estéticos, además de prever un registro nacional de maltratadores a cargo de la Fiscalía y la Policía. Sin embargo, el debate en la comisión resaltó la falta de recursos para este registro, la ausencia de guías forenses veterinarias y las limitadas capacidades de los inspectores del ICA.
«Hacer justicia animal no es sacar un montón de decretos, de resoluciones, hacer promesas o mesas eternas».
Andrea Padilla, senadora
Padilla criticó específicamente la labor del ICA, señalando que, pese a tener resoluciones para conejos, cabras, cerdos, ovinos y caprinos, carece de facultades sancionatorias reales en materia de bienestar animal. Los técnicos del instituto se centran en sanidad animal y otros temas, pero dejan de lado el bienestar, lo que agrava las denuncias constantes sobre el manejo inadecuado en transportes intermunicipales.
«Tenga resoluciones para conejos, cabras, cerdos, ovinos, caprinos, bla, bla, bla. Pero no tiene facultades sancionatorias. Entonces van los técnicos del ICA y miran sanidad animal, miran otros temas, pero no los temas de bienestar».
Andrea Padilla, senadora
La senadora insistió en la necesidad de incluir la protección animal en los planes de desarrollo territorial para superar estas deficiencias y garantizar una aplicación efectiva de la ley en todo el territorio nacional.
«Tenemos esas denuncias constantes de los servicios públicos intermunicipales que llevan al ternero, a la gallina, al perro y al gato en la bodega y llegan asfixiados».
Andrea Padilla, senadora
Este cuestionamiento abre un debate crucial sobre cómo fortalecer las instituciones y los recursos para que la Ley Ángel no quede en promesas, sino que proteja verdaderamente a los animales como seres sintientes en cada rincón de Colombia.
