La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia emitió el 14 de mayo de 2026 una orden administrativa dirigida a Tesla Motors Colombia S.A.S., obligándola a corregir irregularidades detectadas en sus ventas en línea de vehículos eléctricos. Estas fallas incluyen retrasos significativos en las entregas de los automóviles, así como falta de transparencia en la información sobre garantías y la disponibilidad de infraestructura de carga como los Superchargers. La medida surge tras una investigación exhaustiva realizada entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, en la que se revisaron cerca de 23.700 pedidos, junto con numerosas quejas y reclamos de clientes afectados en todo el país.
Entre las cifras más destacadas de esta pesquisa se encuentran más de 1.800 vehículos con entregas programadas para febrero y marzo de 2026 que permanecieron pendientes hasta abril de ese año, lo que evidencia un patrón de incumplimientos que vulnera los derechos de los consumidores. Los problemas identificados abarcan desde limitaciones no explicadas en las garantías de las llantas hasta información sobre los Superchargers que induce a error a los compradores, presentando fechas tentativas como si fueran definitivas y careciendo de claridad en los contratos de garantía.
Medidas ordenadas y marco legal
La Superintendencia ha instruido a Tesla Motors Colombia S.A.S. a implementar cambios inmediatos, como ajustar los plazos de entrega para evitar promesas incumplibles, revisar y transparentar los contratos de garantía, y reforzar los canales de atención al cliente. Estas acciones se enmarcan en la Ley 1480 de 2011, que regula la protección al consumidor en el comercio electrónico, normativa que Tesla ha incumplido al no divulgar información precisa desde el inicio de sus operaciones en el país en noviembre de 2025, cuando comenzó exclusivamente con ventas en línea.
Consecuencias por incumplimiento
De no acatar estas directrices de manera inmediata, la compañía podría enfrentar sanciones administrativas severas, multas cuantiosas o incluso restricciones en sus operaciones comerciales en Colombia. La investigación pone de manifiesto la necesidad de mayor regulación en el creciente mercado de vehículos eléctricos, donde la innovación tecnológica no debe primar sobre los derechos de los usuarios. Reportes de medios como La República, Portafolio, El Colombiano y Semana confirman estos hallazgos y subrayan la importancia de prácticas comerciales éticas en el sector automotor nacional.
