Solicitan póliza antiterrorista para proteger el transporte en elecciones del 21 de junio

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En medio de la preparación para la segunda vuelta presidencial del domingo 21 de junio, la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt) elevó una solicitud formal al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que active las condiciones especiales de la Póliza de Seguro de Terrorismo, con el objetivo de proteger la operación del sector ante cualquier eventualidad que pueda presentarse durante la jornada electoral. La petición busca garantizar la conectividad y el desplazamiento seguro de los ciudadanos en todo el territorio nacional, especialmente en los corredores estratégicos y zonas de riesgo donde se puedan registrar alteraciones del orden público, bloqueos o acciones de grupos armados ilegales que amenacen la movilidad.

La solicitud se da en el marco del Decreto 0612 del 16 de junio de 2026, emitido por el Gobierno Nacional, el cual establece medidas excepcionales para el sector transporte durante la jornada electoral. Dicha normativa prohíbe cualquier restricción a la circulación de vehículos, salvo en casos de orden público, y ordena que el transporte público opere con el 100% de su capacidad en las rutas y horarios autorizados. De esta manera, el sector ha desplegado toda su capacidad operativa para responder a las necesidades de movilidad de los colombianos, con una flota habilitada al máximo. «El transporte intermunicipal está preparado para responder a las necesidades de movilidad de los colombianos durante esta importante jornada democrática. Nuestro compromiso es garantizar un servicio seguro, oportuno y continuo para todos los usuarios», afirmó la organización gremial en un comunicado, haciendo un llamado a los ciudadanos para que planifiquen sus viajes con anticipación y utilicen únicamente servicios autorizados.

Exigencias del Gobierno y sanciones por incumplimiento

Paralelamente, el ministro del Interior, Armando Benedetti, fue enfático en señalar que las empresas de transporte público tienen la obligación inexcusable de prestar el servicio en las frecuencias y horarios asignados, advirtiendo que el incumplimiento de esta disposición podría acarrear consecuencias severas. «Las empresas de transporte público tienen que prestar el servicio en sus frecuencias y horarios que han sido asignados; si no, se les cerrará la empresa. Porque lo que sucede siempre es que no prestan el servicio y lo que hacen es que alquilan esos buses para otras casas políticas, y eso es una distorsión de la democracia», señaló Benedetti. En esa misma línea, las autoridades locales tienen la facultad de ajustar rutas, frecuencias y horarios si se presenta una demanda adicional, mientras que el Ministerio de Transporte puede autorizar cambios de ruta y permisos transitorios, siempre informando con al menos un día de anticipación. El día de las elecciones, los taxis y el transporte por carretera podrán realizar viajes ocasionales sin necesidad de planilla ocasional, una medida que busca agilizar la movilidad de los votantes.

«El transporte intermunicipal está preparado para responder a las necesidades de movilidad de los colombianos durante esta importante jornada democrática. Nuestro compromiso es garantizar un servicio seguro, oportuno y continuo para todos los usuarios»

Aditt, Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal

«Las empresas de transporte público tienen que prestar el servicio en sus frecuencias y horarios que han sido asignados; si no, se les cerrará la empresa. Porque lo que sucede siempre es que no prestan el servicio y lo que hacen es que alquilan esos buses para otras casas políticas, y eso es una distorsión de la democracia»

Armando Benedetti, ministro del Interior

La activación de la póliza de terrorismo, que cubriría a usuarios, operadores y vehículos ante posibles riesgos, se presenta como una medida crucial en un contexto donde la seguridad de la operación es prioridad. Las empresas que incumplan las frecuencias y horarios asignados se exponen a sanciones que pueden incluir el cierre temporal, según lo estipulado por la normativa vigente. Con la flota al 100% y las condiciones especiales de seguridad solicitadas, el sector transportador espera contribuir al desarrollo de un proceso democrático fluido y seguro en todo el país.

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