La activista y defensora de los derechos de la niñez, Camila Rojas, fundadora de la organización Legado Mujer, lanzó un contundente llamado a la prudencia y al respeto del debido proceso en el marco del escándalo desatado por un video viral que muestra a un ciudadano estadounidense junto a un menor de siete años en el balcón de un apartamento en el barrio Navarra, localidad de Usaquén en Bogotá. Un día después de que el presidente Gustavo Petro afirmara que el menor no habría sido abusado sexualmente y que las imágenes habrían sido malinterpretadas, Rojas insistió en que, sin importar las conclusiones preliminares, el acto observado no debe ser minimizado y que la investigación debe seguir su curso sin interferencias.
El caso estalló el domingo 14 de junio cuando un video comenzó a circular masivamente en redes sociales, generando una ola de indignación y denuncias por presunto abuso sexual. Testigos desde edificios cercanos grabaron la escena, lo que llevó a la detención del hombre, quien había llegado a Bogotá junto a su pareja con el objetivo de adoptar a tres menores. Sin embargo, el lunes 15 de junio, el presidente Gustavo Petro se pronunció, indicando que según el testimonio del niño, este había sido sacado al balcón por un enojo relacionado con un juguete, descartando en primera instancia el abuso. «Si se confirman estos indicios de los hechos, la justicia debe entregarle todos sus derechos como ser humano, al estadounidense que al parecer, solo quiso adoptar niños y niñas colombianas en el Icbf a través de una tercerización privada para las adopciones», declaró el mandatario, generando un fuerte debate sobre la interpretación de los hechos.
La posición de la activista: minimizar no es una opción
Frente a las declaraciones presidenciales, Camila Rojas fue enfática al pedir que no se reste gravedad a lo ocurrido. «Quiero no minimicen el acto. ¿Por qué? Porque esa no es la forma de tratar a un menor, porque esa no es la forma de corregir a un menor, porque eso que estaba pasando es un abuso y ustedes lo tienen que tener completamente claro», afirmó la activista en un pronunciamiento. Rojas, quien había difundido inicialmente el caso, hizo un giro en su discurso al solicitar a la ciudadanía y a las autoridades cautela, pero sin perder de vista la protección de los niños. «Una persona, un testigo, está desde el edificio de al frente y están las denuncias en la Fiscalía. Entonces, por favor, les pido que sean prudentes y no interfieran con lo que realmente pasó. Por eso no he querido dar más pronunciamientos, porque se tiene que respetar el debido proceso legal, para que lo tengan muy claro», señaló.
En un mensaje adjunto a sus publicaciones, Rojas reforzó el llamado a la responsabilidad informativa: «Le pedimos a la ciudadanía que sea prudente con la información que comparte y que no difunda versiones sin confirmar. No se trata únicamente del video que circula en redes sociales; existen otros elementos de prueba y testimonios que hacen parte de la investigación». La defensora subrayó que hay al menos cuatro testigos que observaron la escena desde diferentes ángulos y que ya existen denuncias formales ante la Fiscalía. «Lo más importante es proteger a los menores. Como sociedad tenemos el deber de reaccionar, denunciar y nunca silencio ante cualquier posible acto de abuso o maltrato infantil. La protección de los niños debe estar por encima de cualquier interés, porque actuar a tiempo puede evitar una tragedia y salvar una vida», sentenció.
Investigación en curso y exámenes periciales
Mientras el debate público se intensifica, las autoridades avanzan en la investigación. La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, informó que, tras los exámenes iniciales, se descarta un escenario de violencia física en el menor del video, pero aclaró que la pesquisa por un posible abuso sexual continúa abierta. «Se descarta el tema de violencia física. Por supuesto, hay muchos otros factores que toca revisar en un presunto abuso sexual, pero se descarta un escenario de violencia física», declaró Cáceres. En una publicación en su cuenta de X, la funcionaria añadió: «Les reitero que el proceso está en investigación y lo que más nos importa es el bienestar de los niños y tenemos reporte preliminar de tranquilidad, sin embargo, hay que esperar las entidades investigadoras y los resultados».
El ICBF ordenó exámenes periciales no solo al menor de siete años, sino también a los otros dos niños que el ciudadano estadounidense estaba en proceso de adoptar. Todos fueron trasladados a un centro de salud en Bogotá para ser evaluados. El alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, confirmó que se brindó atención inmediata y que la administración distrital respalda institucionalmente la investigación para esclarecer los hechos. Mientras tanto, el ciudadano detenido permanece a la espera de que la justicia determine su situación, en medio de un caso que ha puesto a prueba la capacidad de reacción de las instituciones y la responsabilidad de la ciudadanía al viralizar contenido sensible.
