El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, bajo la ponencia del magistrado José Elver Muñoz Barrera, rechazó la solicitud de nulidad procesal presentada por la Imprensa Nacional Casa da Moeda de Portugal, entidad extranjera vinculada al controvertido convenio para la producción del nuevo modelo de pasaportes en Colombia. La decisión, conocida este 1 de julio de 2025, mantiene en firme el curso de la demanda interpuesta por la Procuraduría General de la Nación, que busca determinar la legalidad de un acuerdo valorado en más de 1,3 billones de pesos colombianos.
La defensa de la imprenta portuguesa, representada por el abogado Felipe De Vivero Arciniegas, argumentó que no se había realizado una notificación personal válida, lo que a su juicio vulneraba el debido proceso. Sostuvieron que, al tratarse de una entidad extranjera, la notificación debía efectuarse mediante carta rogatoria, un mecanismo diplomático que ya fue gestionado a través de la Cancillería colombiana y comunicado el pasado 18 de junio. Sin embargo, el Tribunal consideró que no existieron irregularidades que afectaran el derecho de defensa de la compañía lusa, pues desde la admisión de la demanda no se había adelantado ninguna actuación que perjudicara a la parte extranjera y todos los documentos fueron traducidos al idioma oficial de la imprenta portuguesa, cumpliendo así con los requisitos del Código General del Proceso.
Un proceso que sigue su curso
La Procuraduría General de la Nación presentó esta demanda mediante una acción popular, cuestionando serias irregularidades jurídicas y financieras en el convenio firmado entre la Cancillería, la Imprenta Nacional de Colombia y la imprenta portuguesa para la expedición del nuevo modelo de pasaportes. Entre los reparos señalados por el ente de control, se destaca la ausencia de firmas requeridas en algunos documentos y la falta de estudios económicos suficientes, como análisis de mercado, cotizaciones o modelos financieros, que justifiquen el elevado costo del acuerdo, que supera el billón de pesos.
Es importante precisar que la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca es de carácter estrictamente procesal. El fondo del asunto, es decir, la validez del convenio en sí mismo, aún no ha sido resuelta. Si se hubiera aceptado la nulidad solicitada por la defensa portuguesa, el proceso habría tenido que reiniciarse desde la etapa de notificaciones, lo que habría retrasado varios meses el análisis de fondo. Con este rechazo, el litigio avanza hacia la etapa sustancial donde se estudiarán a profundidad las denuncias de la Procuraduría sobre posibles irregularidades en la contratación de uno de los documentos de identificación más importantes para los colombianos.
