La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra Juliana Guerrero, actual delegada de la Presidencia ante el Consejo Universitario de la Universidad Popular del Cesar, por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. Según el ente investigador, Guerrero habría utilizado títulos académicos falsos para aspirar al cargo de viceministra de Juventudes, un puesto para el que la ley exige tener al menos 25 años de edad, cuando ella apenas contaba con 21 años al momento de los hechos. En el mismo proceso también fue acusado Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario de la misma institución educativa, quien enfrenta cargos por falsedad en documento público.
La investigación reveló que Guerrero incorporó al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP II) diplomas y actas de grado falsos de Contaduría Pública, Tecnología en Gestión Contable y Tributaria, así como un certificado de Contabilización de Operaciones Comerciales, sin haber asistido a clases ni cumplido con los requisitos académicos exigidos. De acuerdo con la Fiscalía, “al obtener Juliana Guerrero los dos diplomas falsos y las respectivas actas de grado falsas, como tecnóloga en gestión contable y otro como contadora pública, ingresó la información en el sistema SIGEP II para así obtener el acto administrativo de nombramiento como viceministra de Juventudes”. La investigación, que se apoya en un documento conocido por la revista Semana, indica que Guerrero obtuvo el título de Contaduría Pública en julio de 2025 sin asistir a clases ni presentar exámenes en la Fundación Universitaria San José, y que modificó su hoja de vida a finales de agosto de ese mismo año para cumplir con las exigencias del cargo.
La trama de los documentos falsos
El ente acusador sostiene que el delito de fraude procesal se perfeccionó en el momento en que la indiciada cargó los documentos espurios en la plataforma del SIGEP. Según la Fiscalía, “Guerrero sabía de lo fraudulento de los medios que estaba utilizando, tenía pleno conocimiento de la falsedad condensada en tales títulos académicos, aun así, decidió anexarlos a su hoja de vida con el propósito de engañar al servidor público nominador”. Por su parte, Luis Carlos Gutiérrez es señalado por haber firmado resoluciones que daban por válidos esos títulos. La Fiscalía detalla que el exsecretario “hizo constar que Guerrero cumplió la totalidad de los requisitos académicos y legales para la obtención de los títulos de contadora y tecnóloga en gestión contable, cuando en realidad tales circunstancias no correspondían a la verdad”, y que “consignó hechos falsos en documentos auténticos”. Como consecuencia de estas irregularidades, Gutiérrez fue destituido de su cargo en la institución educativa.
«El delito de fraude procesal se perfeccionó en el momento en que la indiciada cargó los documentos espurios en la plataforma del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP)»
Fiscalía General de la Nación
Guerrero, quien había sido activista y asesora del Ministerio del Interior antes de ser designada como delegada de la Presidencia ante el Consejo Universitario de la Universidad Popular del Cesar, ha estado en el centro de la controversia desde que el presidente Gustavo Petro la expuso públicamente en televisión. El mandatario admitió posteriormente que fue un error hacerlo, lo que derivó en rumores, ataques personales y amenazas de muerte denunciadas por Guerrero y su familia. En declaraciones a Caracol Radio, Petro afirmó que “no se le ha comprobado que no estudió en esa universidad”, aunque la investigación de la Fiscalía apunta a que los documentos presentados eran falsos. El caso continúa su curso judicial, mientras se espera la fecha para la audiencia de formulación de acusación.
