Seis personas vestidas de negro, con maletas que portaban sellos de Avianca y una apariencia que varios testigos describieron como similar a la de las fuerzas militares, ingresaron sin previo aviso a la sede del Ministerio de Agricultura en Bogotá el pasado 11 de agosto y desalojaron durante dos horas los pisos séptimo y octavo del edificio, donde funcionan las oficinas del viceministerio de Desarrollo Rural y varias direcciones. La orden, transmitida por una delegada de la Oficina de Talento Humano, fue atribuida al ministro Indalecio Dangond, quien habría dado una instrucción verbal de carácter “confidencial”. Los funcionarios y contratistas debieron abandonar sus puestos de trabajo sin explicación alguna, mientras el grupo desconocido revisaba el lugar. Días después, el 14 de agosto, decenas de contratistas recibieron correos electrónicos ordenándoles trabajar desde casa, y al día siguiente, aproximadamente, fueron retirados de las paredes todos los afiches alusivos a la reforma agraria, a Palestina y las banderas asociadas a la comunidad LGBTIQ+.
El hecho ocurrió en un contexto de alta tensión política: un día antes, el 10 de agosto, el ministro Dangond había firmado una circular que centralizaba bajo su autorización la suscripción de contratos y decisiones ante gremios y juntas directivas, y que además ordenaba devolver equipos de cómputo y restringía el acceso al baño y la cafetería del piso 12. El desalojo, además, se produjo apenas un día después de que un terremoto de magnitud 7,4 sacudiera gran parte del país, aunque los trabajadores descartaron que la medida estuviera relacionada con réplicas. La situación se agravó con la expectativa por la llegada de personal de confianza de la Presidencia de Abelardo de la Espriella y la posible salida de funcionarios heredados del gobierno de Gustavo Petro.
Un ambiente de terror y zozobra
Los testimonios recogidos por la revista Cambio reflejan el clima de intimidación que se instaló en el ministerio. “Por favor váyanse, esta es una orden del ministro, pueden regresar dentro de dos horas”, dijo la delegada de Talento Humano, según relataron los afectados. Un contratista consultado por la misma publicación describió al grupo: “Se trató de seis personas con una postura corporal y vestimenta parecida a la de las fuerzas militares. Llevaban maletas que, podríamos entender, son especiales para cargar artefactos electrónicos”. Otro funcionario, bajo anonimato, afirmó: “El que sacaran a las personas, piso por piso, sin aviso o explicación alguna, ha sembrado un ambiente de terror. Hay miedo sobre el manejo de la información. Hay un ambiente de zozobra”.
“El ejercicio que se hizo fue tan incómodo e intimidante”
Contratista citada por la revista Cambio
Según informó la Asociación Sindical Agropecuaria del Orden Nacional (Asadon), dos de los seis integrantes del grupo se presentaron con “rango de sargento”, y el sindicato aseguró que una situación similar habría ocurrido en otros pisos en días anteriores. A los trabajadores les pidieron dejar los computadores exactamente como estaban antes de retirarse. Hasta el momento, el ministro no ha explicado quiénes integraban el grupo, qué equipos utilizaron ni si actuaban como escoltas, policías, militares o personal de seguridad privada.
La respuesta del ministro y la denuncia sindical
Ante las preguntas de la revista Cambio, el ministro Indalecio Dangond respondió por escrito: “Las actuaciones adelantadas obedecieron exclusivamente a asuntos relacionados con la seguridad institucional y fueron realizadas bajo los protocolos correspondientes. No se vulneraron derechos fundamentales ni se presentó actuación alguna por fuera del ordenamiento jurídico”. Sin embargo, la versión oficial contrasta con el testimonio de los contratistas, quienes afirmaron que “todos los elementos alusivos a la reforma agraria, a Palestina o banderas asociadas a la comunidad LGBTIQ+ fueron retirados” de las instalaciones después del desalojo.
En medio de la controversia, la Asociación Sindical Agropecuaria del Orden Nacional (Asadon) pidió a la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Personería de Bogotá esclarecer lo ocurrido. Días después de estos hechos, el ministro Dangond anunció en un video la realización de una auditoría en entidades adscritas al ministerio y afirmó haber hallado hechos presuntamente delictivos que serían remitidos a la Fiscalía. Mientras tanto, en los pasillos del ministerio persiste el temor y la incertidumbre sobre el manejo de la información y el destino de los contratistas que fueron enviados a teletrabajo sin mayor explicación.
