El meteorólogo Max Henríquez ha lanzado una alerta contundente sobre el estado del sistema nacional de prevención de desastres en Colombia, al que califica como un organismo en proceso de colapso debido al deterioro institucional y la falta de recursos. En sus declaraciones, el experto propuso la creación de un Instituto Nacional de Alertas (Inale) que centralice las capacidades de monitoreo y emisión de avisos, como una alternativa urgente para enfrentar la creciente frecuencia de eventos climáticos extremos y la vulnerabilidad de millones de colombianos. Henríquez sostiene que la actual Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se ha convertido en una entidad «pomposa e inútil», incapaz de cumplir con su misión.
El sistema de prevención nació en Colombia tras la tragedia del Nevado del Ruiz en 1985, cuando una erupción volcánica dejó 25.000 muertos. Sin embargo, Henríquez advierte que seis décadas después el país enfrenta una paradoja: mientras los desastres se multiplican, la institucionalidad se desmorona por falta de voluntad política y presupuesto. Según sus análisis, el 96,4% de los eventos extremos que afectan al territorio nacional se originan en lluvias intensas combinadas con la exposición de poblaciones asentadas en zonas de alto riesgo. Cada año se registran más de 600 episodios asociados al clima, desde inundaciones y deslizamientos hasta tormentas y huracanes.
Un país de amenazas múltiples
Colombia cuenta con casi 900.000 ríos, riachuelos y quebradas en la región andina, lo que la convierte en un territorio especialmente vulnerable a crecientes, desbordamientos y avalanchas. Pero las amenazas no se limitan al agua. En los últimos 60 años se han formado 650 sistemas de ciclones en el Atlántico, de los cuales 25 pasaron sobre islas colombianas o cerca de La Guajira, es decir, apenas el 4%. Sin embargo, el impacto de fenómenos como el huracán Iota en 2020 fue devastador: destruyó el 90% de la infraestructura de la isla de Providencia. Además, la historia registra tsunamis que arrasaron Tumaco y otras zonas del Pacífico en 1906 y 1979, y terremotos que han sacudido ciudades como Popayán, el Eje Cafetero, Neiva y Bogotá. Henríquez también menciona la recurrencia de sequías, incendios forestales, tornados (cada vez más frecuentes en Barranquilla a mitad de año, con registros en Tunja, Pasto y Bogotá) y marejadas vinculadas a frentes fríos en el Caribe, que han afectado zonas como Urrá y Córdoba en el último año, y Tumaco en enero de 1983.
“En Colombia adolecemos de gestión del riesgo, porque no hay voluntad ni dinero para acometer esa tarea tan gigante de reducir vulnerabilidad”.
Max Henríquez, meteorólogo
Henríquez no duda en calificar la situación como crítica: «Es triste decirlo, pero se está muriendo el sistema nacional de prevención y atención de desastres o ‘de gestión del riesgo’, en un país donde se presentan todo tipo de desastres». La pérdida de capacidades técnicas del Ideam y de Ingeominas, sumada a una organización institucional deficiente que data de la Constitución de 1991, ha dejado al país sin herramientas efectivas para anticipar y mitigar los impactos. Fenómenos como El Niño y La Niña agravan el panorama, afectando la economía agropecuaria, la producción hidroeléctrica y el suministro de agua potable.
La propuesta de un instituto unificado
Frente a este escenario, Max Henríquez plantea la creación del Instituto Nacional de Alertas (Inale), una entidad que integre la Meteorología y la Hidrología del Ideam, la red sismológica de Ingeominas, los centros vulcanológicos y el centro de alertas por tsunamis. “Es una necesidad del país juntar todas estas alertas en un solo sitio para no estar quejándonos de la reducción del presupuesto para atender y mantener las redes de toma de datos en institutos mal organizados desde la Constitución del 91 y para asegurar, en la medida de lo posible, la emisión oportuna de informes, reportes, avisos y alertas a la población”, explicó. Además, el meteorólogo aboga por una estrategia de reubicación de poblaciones asentadas en zonas inundables, como La Mojana y las riberas de los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge, hacia terrenos no inundables, sin abandonar por completo el cultivo de esas tierras. La propuesta, ambiciosa y polémica, busca romper el ciclo de reconstrucción tras cada desastre y avanzar hacia una verdadera reducción de la vulnerabilidad, algo que, según Henríquez, requiere voluntad política y un presupuesto acorde a la magnitud del problema.
