El Ministerio de Hacienda de Colombia sometió a consulta pública, el pasado 9 de octubre de 2026, un proyecto de decreto que modifica el mecanismo de cálculo del deslizamiento del salario mínimo aplicado a las pensiones de renta vitalicia. La iniciativa, impulsada por el ministro Miguel Gómez Martínez, propone eliminar el componente inflacionario de ese cálculo y conservar únicamente el promedio del crecimiento real de la productividad de los últimos diez años. Según expertos, de concretarse el cambio, miles de colombianos que ya alcanzaron la edad de pensión pero cuyo ahorro resulta insuficiente podrían acceder a una renta vitalicia con un salario mínimo.
El proyecto establece que el parámetro para calcular el deslizamiento será el mayor valor entre el promedio del crecimiento real de la productividad del último decenio y el 35% del promedio de la inflación del mismo periodo. De esta manera, se elimina la diferencia entre el porcentaje de aumento del salario mínimo legal mensual vigente y la variación porcentual de la inflación del año anterior, que era el componente que encarecía el capital requerido para contratar una renta vitalicia. La abogada Ana Cubillos, asociada en Holland & Knight, explicó que el propósito declarado de la norma es que las personas que ya tienen la edad de pensión no queden por fuera de una renta vitalicia únicamente porque su ahorro resulta insuficiente.
Una fórmula que busca ampliar el acceso a la pensión
La renta vitalicia es una modalidad en la que el afiliado entrega el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual a una aseguradora de vida, que se compromete a pagar una mesada mensual fija de por vida al pensionado y, en caso de fallecimiento, a sus beneficiarios. El deslizamiento corresponde a la porción del aumento del salario mínimo que excede el comportamiento explicado por la inflación y la productividad. Las aseguradoras deben anticipar el costo de los pagos futuros y mantener reservas, por lo que reducir el capital exigido podría facilitar el acceso a la pensión. El salario mínimo actual en Colombia es de 1.750.905 pesos sin auxilio de transporte, y las mesadas de un salario mínimo conservarían su reajuste anual en el mismo porcentaje del salario mínimo, pues el proyecto no altera esa regla de reajuste para las pensiones mínimas.
«Reducir el capital requerido es una condición necesaria, pero no suficiente, para mejorar el acceso a la renta vitalicia»
Ana Cubillos, asociada en Holland & Knight
La abogada advirtió que la reducción del capital exigido no garantiza por sí misma que las aseguradoras amplíen su oferta, pues la decisión dependerá de la certidumbre sobre el mecanismo de cobertura estatal y la oportunidad de los giros de recursos. En ese sentido, señaló que lo que cambia con el decreto es el valor del capital inicial requerido y quién responde por una parte de los aumentos futuros que superen lo previsto. El borrador conserva una disposición según la cual el Ministerio de Hacienda transferiría los montos correspondientes sin reconocer intereses por demoras, un aspecto que para las aseguradoras puede representar un riesgo financiero.
«El deslizamiento es un riesgo difícil de cubrir solo con instrumentos financieros porque depende, en buena medida, de decisiones de política salarial»
Ana Cubillos, asociada en Holland & Knight
El proyecto también incorpora un régimen de transición que permitiría renegociar y ajustar contratos celebrados bajo la fórmula anterior, aunque el alcance de ese régimen será uno de los puntos que requerirá mayor definición durante el trámite normativo. Los eventuales ajustes a los contratos vigentes tendrían que limitarse a aspectos de financiación, reservas y cobertura entre el sistema y las aseguradoras. Para las personas ya pensionadas, los derechos adquiridos deberían mantenerse y la mesada pactada tendría que continuar pagándose.
«No debería disminuirse una mesada reconocida ni afectarse una prestación consolidada de pensionados o beneficiarios»
Ana Cubillos, asociada en Holland & Knight
Los fondos privados de pensión sostienen que el esquema anterior podía aumentar el costo público mediante la garantía de pensión mínima, mientras que el Gobierno defiende la modificación como una alternativa de ahorro fiscal. Ante este panorama, se recomienda a quienes estén próximos a pensionarse solicitar cotizaciones a varias aseguradoras y contrastarlas con otras modalidades, incluido el retiro programado. La decisión final dependerá del trámite normativo y de la reglamentación que defina el Ministerio de Hacienda en los próximos meses.
