El presidente Gustavo Petro anunció este 11 de noviembre, a través de una publicación en X, la suspensión del intercambio de inteligencia con agencias estadounidenses en respuesta a recientes operativos en el Caribe y a la crítica a la política antidrogas de Estados Unidos. La medida, que se dio en el marco de una autoridad presidencial, representa un giro en una cooperación que durante décadas ha sido un pilar de la estrategia de seguridad colombiana para el Caribe, el Pacífico y en las fronteras del país.
La decisión señala que la suspensión de la cooperación en inteligencia con Estados Unidos se ejecutará como una medida de política exterior y seguridad. Aunque no se especificaron plazos, el anuncio subraya que el país evaluará la continuidad de esquemas de cooperación que incluyen marcos como el Grupo Egmont y la cooperación dentro de la OTAN. Las motivaciones que se citan incluyen, por un lado, bombardeos en el mar Caribe y Pacífico, y por el otro, la oposición a la política antidrogas de Estados Unidos, que habría presionado de forma reticente o contraproducente para los intereses colombianos.
La posible fracture de alianzas y su lectura internacional
Analistas y observadores señalan que la salida de Colombia de la cooperación de inteligencia podría aislar al país de foros multilaterales y complicar operaciones conjuntas. La cobertura de El Colombiano, El Tiempo, Reuters y Colprensa ha recogido que la medida podría repercutir en organismos regionales y globales, y que además podría generar respuestas diplomáticas y económicas por parte de Washington. En ese marco, reacciones regionales ya se vislumbran: Ecuador y México han buscado reforzar alianzas en inteligencia mientras Colombia toma una ruta distinta, marcada por la negativa a continuar en la misma línea de cooperación que hasta ahora ha sostenido la lucha antidroga y la seguridad regional.
«Quien más pierde es Colombia, teniendo en cuenta que gran parte de los esquemas de cooperación de inteligencia de los que hace parte Colombia, como por ejemplo el grupo Egmont, o como el marco de la OTAN, giran y están estructurados alrededor de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos». — Jorge Mantilla, PhD en Criminología y Seguridad
«el anuncio presidencial puede interpretarse como una postura soberana, pero resulta tremendamente ingenua en términos prácticos». — Jorge Mantilla, PhD en Criminología y Seguridad
«Buena parte de la información con la que las agencias de inteligencia colombiana y los operadores de seguridad operan es compartida. Fragmentar o suspender ese flujo nos deja casi que a tientas, tomando decisiones sin una base completa de datos» — César Niño, internacionalista colombiano
«este tipo de declaraciones y acciones puntuales del gobierno colombiano van a deteriorar aún más la relación que hay entre los dos gobernantes y que incide directamente entre los estados» — Carlos Andrés Arias, analista político
«De dejar de compartir información de inteligencia militar, y si quien la espera es Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico, simplemente fortalece el argumento de EE. UU. para haberlo incluido en la lista» — Andrés Jiménez, exdelegado para las Finanzas Criminales de la Fiscalía
La discusión se acompaña de un marco de contexto que recuerda que, históricamente, la cooperación en inteligencia ha sido un pilar central de la estrategia antidrogas en el Caribe, el Pacífico y en las fronteras colombianas. El anuncio del 11 de noviembre ha generado tensiones bilaterales y ha puesto sobre la mesa el debate sobre el papel de Colombia en escenarios multilaterales como Egmont y la OTAN, con posibles repercusiones diplomáticas y comerciales. Fuentes cercanas a la cobertura citan a El Colombiano, El Tiempo, Reuters y Colprensa para precisar que la decisión, si bien de carácter político, podría abrir un periodo de reacomodos regionales y requerir respuestas de otros países frente a la posible reconfiguración de alianzas de inteligencia.
En lo inmediato, las reacciones regionales muestran un giro: Ecuador y México acentuaron su búsqueda de reforzar alianzas en inteligencia, mientras Colombia opta por una ruta que podría alejarlas de las redes de cooperación regional. En el plano jurídico, expertos señalan que la suspensión, por su naturaleza política, podría no producir efectos inmediatos, pero sí abrir un cauce de consecuencias políticas y económicas para Colombia, que podrían ir desde respuestas diplomáticas hasta medidas restrictivas en el ámbito de sanciones financieras o de control de bienes.
Con todo, la decisión de Petro se inscribe en un contexto de tensiones crecientes en torno a la lucha antidroga y la cooperación internacional, y abre la pregunta sobre qué estabilidad ofrecen a corto y mediano plazo las operaciones de seguridad en un Caribe donde la cooperación en inteligencia ha sido clave para desactivar redes criminales y desvelar operaciones transnacionales. La medida, que se anunció el 11 de noviembre, podría marcar un cambio de rumbo para Colombia en su relación con Estados Unidos y en su postura frente a la cooperación regional, dejando a la vista un reacomodo complejo entre soberanía, seguridad y economía.
