La nueva regulación busca ordenar la circulación en un corredor de 54,6 kilómetros de especial importancia ambiental, pero genera inquietudes entre operadores turísticos de Caldas
Empresarios denuncian pérdidas económicas y reclaman excepciones más equitativas. El desafío será demostrar, con indicadores verificables, si las restricciones reducen las presiones sobre el ecosistema y cómo afectan a las comunidades que dependen del turismo
Por SAMUEL SALAZAR NIETO
La entrada en vigencia del nuevo pico y placa ambiental en la vía Murillo–Manizales abre una discusión que va más allá de las restricciones vehiculares: ¿cómo proteger el Parque Nacional Natural Los Nevados y, al mismo tiempo, garantizar condiciones razonables para las comunidades y las empresas que dependen del turismo?
La Resolución 20263040042595 del 15 de octubre de 2026, expedida por el Ministerio de Transporte, estableció condiciones temporales de circulación para el corredor vial entre Caldas y Tolima. La medida comenzó a regir el 17 de octubre y contempla restricciones durante jornadas determinadas de fines de semana y festivos, además de disposiciones especiales para ciertos vehículos.
Su propósito es contribuir a la protección del parque y de su zona de influencia. Sin embargo, su aplicación coincide con las preocupaciones de operadores turísticos que advierten afectaciones sobre sus ingresos, la programación de los recorridos y el acceso de visitantes a los atractivos de la región.
La pregunta no es si la conservación ambiental debe ser una prioridad. El reto consiste en establecer cómo se implementa la regulación, cuáles son sus efectos reales y qué mecanismos de seguimiento permitirán corregir los problemas que puedan surgir.
Operadores turísticos denuncian pérdidas y reclaman condiciones equitativas
Las inquietudes del sector quedaron expuestas en un informe publicado el 16 de octubre por Caracol Radio, que recogió las declaraciones de representantes de empresas turísticas de Caldas.
Yessenia Machado Peralta, representante legal de Transporte Go, manifestó que las restricciones se suman a las dificultades económicas ocasionadas por el terremoto y la pérdida de reservas. Según su testimonio, durante temporadas altas una operadora podía movilizar, junto con sus aliados, entre 60 y 75 pasajeros diarios y acercarse a los 200 pasajeros durante un fin de semana.
Machado calculó que esa actividad podía representar ventas de entre 30 y 40 millones de pesos en un fin de semana, antes de descontar los costos. La empresaria aseguró que la reducción de la operación ha afectado de manera importante los ingresos de su compañía.
Estas cifras corresponden a la experiencia reportada por la representante de una empresa y no deben interpretarse como pérdidas consolidadas de todo el sector. Para dimensionar el impacto regional se necesitaría información comparable de diferentes operadores, hoteles, restaurantes, guías, transportadores y establecimientos comerciales.
En sus declaraciones, Machado también cuestionó el alcance de las excepciones para los vehículos de servicio especial y sostuvo que las condiciones actuales afectan la capacidad de operación de empresas locales. De acuerdo con el mismo informe, más de 60 actores turísticos de Caldas —entre hoteles, restaurantes, guías y comerciantes, entre otros— estarían preocupados por las consecuencias de la regulación.
La representante de Transporte Go pidió mayor diálogo entre las autoridades y los operadores. Su planteamiento, según lo publicado, no consiste en rechazar la conservación ambiental, sino en buscar reglas que permitan una participación más equitativa de las empresas y un control efectivo de quienes ingresan al área protegida.
Habitantes, transportadores y visitantes: ¿quién asume los costos?
Los efectos de una restricción de circulación no se distribuyen de la misma manera entre todos los usuarios de la carretera.
Para los habitantes de la zona, el tránsito por el corredor puede responder a necesidades cotidianas y no exclusivamente a actividades recreativas. Por eso, la aplicación de las restricciones debe ser compatible con las excepciones que establezca la regulación y con las necesidades debidamente acreditadas de las comunidades.
Para las empresas de transporte turístico, el asunto se relaciona con la programación de vehículos, la contratación de conductores, la disponibilidad de cupos y la posibilidad de cumplir los recorridos ofrecidos a los visitantes. Las restricciones adicionales para vehículos de carga y para determinados vehículos con capacidad superior a 19 pasajeros también hacen necesario explicar con claridad qué servicios pueden operar y bajo qué condiciones.
Los hoteles, restaurantes, guías y comerciantes enfrentan otro desafío: una disminución de visitantes puede repercutir en las reservas, el consumo y la contratación de servicios. No obstante, el alcance real de esas consecuencias tendrá que establecerse con cifras y comparaciones, no solamente con percepciones o testimonios individuales.
Para quienes planean visitar el Parque Nacional Natural Los Nevados, la nueva regulación exige anticipar el viaje, verificar el calendario de placas y revisar las condiciones aplicables al vehículo. También hace más importante la información clara sobre los servicios autorizados y las alternativas de transporte disponibles.
La respuesta no debería limitarse a pedir a los usuarios que se adapten. Las autoridades y los operadores necesitan información oportuna, canales de consulta y reglas comprensibles para evitar que las restricciones se traduzcan en viajes frustrados, confusión o conflictos en los puntos de control.
El problema ambiental no se resuelve únicamente restringiendo placas
La protección de Los Nevados exige controlar las presiones que el tránsito y la actividad turística puedan ejercer sobre el ecosistema. Pero para saber si una medida de movilidad contribuye a ese propósito es necesario distinguir entre el cumplimiento de la restricción y sus resultados ambientales.
Que disminuya el número de vehículos durante determinados horarios puede ser un resultado operativo. Demostrar que esa disminución reduce impactos sobre el ecosistema requiere información adicional.
La Secretaría de Medio Ambiente de Caldas ha señalado que la regulación debe acompañarse de educación ambiental, sensibilización ciudadana y acciones de protección del parque y su zona de influencia. La secretaria Paola Andrea Loaiza también llamó a turistas, operadores y comunidades a adoptar prácticas responsables para prevenir incendios y otras afectaciones ambientales, y proteger la biodiversidad y las fuentes hídricas.
Ese componente resulta esencial: la conservación no depende únicamente de cuántos vehículos circulan, sino también de cómo se comportan los visitantes, de la gestión de los residuos, del control de las actividades que se desarrollan en el territorio y de la capacidad institucional para vigilar y atender los impactos.
Por eso, el pico y placa debe evaluarse como una herramienta dentro de una estrategia de conservación más amplia, no como una prueba automática de que el problema ambiental está resuelto.
¿Cómo se medirá la eficacia de la medida?
El seguimiento es una de las preguntas centrales que deja la nueva regulación. La información divulgada sobre la resolución incluye variables relacionadas con movilidad, congestión, infracciones, seguridad vial, posibles afectaciones a la fauna y efectos sobre las comunidades y las actividades económicas.
Para que esa evaluación resulte útil, es necesario que las autoridades publiquen datos comparables, expliquen la metodología y permitan establecer qué cambió después de la entrada en vigencia de las restricciones.
Entre los indicadores que deberían examinarse están:
- Movilidad y cumplimiento: número de vehículos que ingresan al corredor, distribución por tipo de vehículo, infracciones detectadas y cumplimiento de las restricciones.
- Congestión y seguridad vial: tiempos de recorrido, filas en los puntos de control, incidentes y condiciones de circulación durante los días de mayor afluencia.
- Presión ambiental: información disponible sobre residuos, afectaciones a la fauna, daños en áreas sensibles y otras variables relevantes para el ecosistema.
- Actividad turística y economía local: visitantes registrados, ocupación hotelera, reservas, pasajeros movilizados, ventas y operación de las empresas locales.
- Condiciones de las comunidades: dificultades de movilidad de los residentes, acceso a servicios y efectos diferenciados sobre quienes dependen de la carretera para trabajar.
Estos indicadores constituyen una propuesta de evaluación; no significa que todos estén ya medidos o que exista una línea de base pública para cada uno. Precisamente por eso, las autoridades deben informar qué datos recopilarán, con qué frecuencia, quién será responsable de hacerlo y cuándo presentarán los resultados.
También será necesario comparar periodos equivalentes y tener en cuenta factores que pueden modificar el flujo turístico, como las temporadas de vacaciones, las condiciones climáticas, el estado de la vía y las consecuencias de la emergencia ocasionada por el terremoto. Sin ese contexto, una caída o un aumento de visitantes podría atribuirse erróneamente a la regulación.
Transparencia y diálogo: dos condiciones para evaluar los resultados
La discusión planteada por los operadores turísticos no debería convertirse en una confrontación entre actividad económica y protección ambiental. La conservación del parque y la sostenibilidad de las comunidades que viven del turismo deben formar parte de una misma conversación.
Para avanzar, las autoridades nacionales y territoriales necesitan mantener canales de diálogo con transportadores, operadores turísticos, comerciantes y representantes de las comunidades. Ese diálogo debería permitir revisar las dificultades de aplicación, aclarar las excepciones previstas en la norma y evaluar propuestas que sean compatibles con la protección del ecosistema.
La transparencia también es indispensable. Publicar los resultados de movilidad, los datos ambientales disponibles y las cifras económicas permitiría determinar si las restricciones están cumpliendo sus objetivos, dónde aparecen dificultades y qué ajustes podrían justificarse.
El reto es especialmente importante en un corredor que atraviesa dos departamentos y cuya gestión requiere coordinación institucional. La regulación temporal puede ordenar la circulación, pero no reemplaza la necesidad de avanzar en el manejo integral de la carretera ni las demás acciones de conservación.
La prueba será demostrar resultados
El pico y placa ambiental entra en una etapa en la que no basta con conocer el calendario de circulación ni con verificar si los conductores cumplen la restricción. También será necesario establecer si la medida contribuye efectivamente a reducir las presiones sobre el Parque Nacional Natural Los Nevados y qué consecuencias produce sobre las comunidades y las actividades económicas del corredor.
Los testimonios de los operadores turísticos plantean alertas que merecen respuesta y verificación. Al mismo tiempo, el objetivo de conservación exige que las decisiones se acompañen de educación ambiental, vigilancia y datos que permitan medir los resultados.
La evaluación no puede quedarse en el número de vehículos inmovilizados o en el cumplimiento de las placas habilitadas. Debe responder una pregunta más amplia: si la regulación está ayudando a proteger el ecosistema y si sus efectos sociales y económicos están siendo identificados y atendidos.
La protección de Los Nevados necesita medidas eficaces; las comunidades, reglas claras; y la ciudadanía, información verificable sobre los resultados. Esa será la verdadera prueba de esta nueva etapa del pico y placa ambiental en la vía Murillo–Manizales.
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