El designado ministro de Hacienda del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, Miguel Gómez Martínez, encendió las alarmas sobre el futuro del salario mínimo en Colombia al advertir que el aumento para 2027 debe estar estrictamente vinculado a la productividad del país. En una entrevista concedida a Caracol Radio, el economista alertó sobre los riesgos de incrementos desmedidos que, según su análisis, terminan afectando la competitividad y la generación de empleo formal. La declaración se da en el marco del debate anual que cada diciembre enfrenta al Gobierno, los empresarios y las centrales obreras para definir el ajuste salarial del año siguiente.
Gómez Martínez, quien asumirá la cartera de Hacienda en el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, fue contundente al referirse a la política salarial que se aplicó en el pasado reciente. El economista criticó el aumento que se implementó en 2025, el cual, según sus cálculos, superó entre cuatro y cinco puntos porcentuales la inflación del momento, una decisión que calificó de “populista”. Para el designado ministro, este tipo de incrementos desmedidos no solo no resuelven el problema de la pobreza, sino que generan distorsiones profundas en el aparato productivo del país.
Salario mínimo y productividad: la ecuación clave para 2027
En una entrevista con Caracol Radio, Gómez Martínez expuso su postura de cara a la negociación del salario mínimo para 2027, un proceso que se enmarca en un contexto de inflación prevista del 5,1% para el cierre del año en curso. El economista fue enfático al señalar que el incremento debe estar ligado a la productividad, un indicador que, según sus palabras, “se ha mantenido estancada” en Colombia durante los últimos periodos. “El salario debe crecer en la medida en que crece la productividad”, afirmó, estableciendo una línea clara para la política que impulsará desde el Ministerio de Hacienda.
Gómez Martínez no escatimó críticas hacia el aumento salarial aplicado en 2025, el cual, a su juicio, fue una medida “populista” que multiplicó por cuatro o cinco puntos el índice inflacionario. “No podemos aumentar el salario mínimo cuatro o cinco veces por encima de la inflación, como se hizo de manera populista en el año 2025 para este año”, declaró el designado ministro, quien considera que este tipo de decisiones, lejos de beneficiar a los trabajadores, terminan por erosionar la competitividad del país. “Si aumentar los salarios sacara a la gente de la pobreza y si eso hiciera a los países ricos, hace años que no habrían pobres”, sentenció, en una frase que resume su postura crítica frente a incrementos que no se sustentan en la realidad económica.
“El salario debe crecer en la medida en que crece la productividad”
Miguel Gómez Martínez, designado ministro de Hacienda
El debate sobre el salario mínimo, que cada diciembre convoca a negociaciones entre el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras, adquiere este año una relevancia particular ante la llegada de un nuevo equipo económico. Gómez Martínez advirtió que los incrementos salariales excesivos elevan los costos de la economía, reducen las utilidades empresariales y, en última instancia, afectan la generación de empleo formal. “Aumentar los salarios tiene que ser siempre una medida de muchísima responsabilidad”, afirmó, subrayando que el impacto de estas decisiones no se ve de inmediato, pero se manifiesta en la pérdida de competitividad frente a otros países.
El designado ministro fue particularmente crítico con el aumento aplicado en 2025, al que calificó de “populista” por haber superado en cuatro o cinco puntos la inflación del momento. Según su análisis, este tipo de incrementos desmedidos elevan los costos de la economía, reducen las utilidades empresariales y terminan por afectar la generación de empleo formal. “El impacto no se ve inmediatamente, pero se va a ver, porque la economía ha perdido competitividad y cada vez estamos siendo menos competitivos con respecto a los demás países del mundo”, advirtió Gómez Martínez, quien busca un equilibrio entre la protección del poder adquisitivo de los trabajadores y la estabilidad macroeconómica.
“Nosotros tenemos que volver a una política de salarios que sea racional, que proteja naturalmente el poder adquisitivo y sobre todo de las personas de menores ingresos”
Miguel Gómez Martínez, designado ministro de Hacienda
El debate sobre el salario mínimo para 2027 se da en un escenario económico complejo, con una inflación que se proyecta en 5,1% para el cierre del año y una productividad que, según el diagnóstico del futuro ministro, se ha mantenido estancada. Gómez Martínez no descartó una política que vincule de manera más estricta el salario mínimo a la productividad, buscando evitar presiones inflacionarias y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores de menores ingresos. “Nosotros tenemos que volver a una política de salarios que sea racional, que proteja naturalmente el poder adquisitivo y sobre todo de las personas de menores ingresos”, explicó, dejando entrever que el próximo gobierno buscará un equilibrio entre la protección social y la estabilidad macroeconómica.
El análisis del futuro jefe de la cartera de Hacienda apunta a que los incrementos salariales excesivos, aunque bien intencionados, terminan por generar efectos contraproducentes. “Aumentar los salarios tiene que ser siempre una medida de muchísima responsabilidad”, insistió Gómez Martínez, quien advirtió que el impacto negativo no se percibe de inmediato, pero se va acumulando en la economía. “El impacto no se ve inmediatamente, pero se va a ver, porque la economía ha perdido competitividad y cada vez estamos siendo menos competitivos con respecto a los demás países del mundo”, explicó, en un llamado a la prudencia de cara a la negociación que definirá el ajuste salarial para 2027.
El ajuste salarial para ese año estará condicionado por la evolución de la inflación, el desempleo y el crecimiento económico, variables que el nuevo equipo económico monitoreará de cerca. Gómez Martínez dejó claro que su objetivo es volver a una política de salarios “racional”, que proteja el poder adquisitivo de los trabajadores, especialmente de los de menores ingresos, pero sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica. “Aumentar los salarios tiene que ser siempre una medida de muchísima responsabilidad”, reiteró, en un mensaje que busca marcar distancia con las decisiones del pasado y sentar las bases de una política salarial más ligada a la realidad productiva del país.
