El gobierno de Abelardo de la Espriella anunció una alianza internacional sin precedentes con el FBI, Europol, Ameripol y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) para reforzar la seguridad en la frontera con Venezuela, mediante labores de inteligencia conjunta y el control de pasos irregulares. La iniciativa busca atacar de manera frontal el crimen transnacional que azota la región, incluyendo narcotráfico, contrabando, trata de personas y secuestros, con un énfasis particular en Norte de Santander, donde se ubican Cúcuta y el Catatumbo, así como en La Guajira y Arauca.
El anuncio se produce en un contexto de creciente preocupación por la presencia de grupos armados como el ELN, disidencias de las Farc y otras bandas criminales que operan a ambos lados de la línea fronteriza. Analistas atribuyen el aumento de acciones violentas a una disminución de la inteligencia militar y a los recortes presupuestarios que han debilitado la capacidad de reacción del Estado. La frontera, reconocida por su alta porosidad, es utilizada por redes criminales para el tráfico de vehículos, mercancías, la trata de personas y secuestros. A esto se suma el reporte del ingreso de drones de fabricación iraní a través de Venezuela, presuntamente para cometer actos de terrorismo en Colombia, lo que elevó el nivel de alerta de las autoridades.
Una alianza para recuperar capacidad operativa
La estrategia contempla la reactivación de la Campaña Militar Esparta en la zona rural de Cúcuta y los municipios del Catatumbo, junto con la creación del Bloque Operacional de Seguridad Urbana (Bosul), una instancia que coordinará a Fuerzas Militares, Policía, Migración Colombia, ICBF, INPEC, Fiscalía y CTI. El objetivo es frenar el reclutamiento de menores y agilizar los procesos de judicialización contra los responsables de delitos transnacionales. Asimismo, se hará seguimiento a las circulares rojas y azules emitidas por Interpol, y se recuperará la capacidad técnica para geolocalizar transmisiones de radio de dos metros, un sistema de comunicación usado por los grupos ilegales en la zona.
El despliegue inicial de esta ofensiva se retrasó por la emergencia de los terremotos que sacudieron el Eje Cafetero, pero ahora se pone en marcha con un componente integral que incluye obras viales, mejoras educativas y el fortalecimiento del comercio binacional con respaldo de Estados Unidos. Se estima que miles de migrantes venezolanos cruzan a diario la frontera, mientras que al menos cinco empresas venezolanas trabajan en la organización de oleoductos y gasoductos en la zona, lo que evidencia la compleja dinámica económica y social que convive con la ilegalidad.
«Las autoridades venezolanas deben tener una complementariedad en estas mesas de trabajo de seguridad, en estos consejos de seguridad que se están realizando del lado colombiano»
«De nada servirían entonces estos operativos del lado colombiano si no se complementan del lado venezolano con las autoridades»
William Gómez, analista fronterizo
Para analistas como William Gómez y el coronel retirado Carlos Soler, la clave del éxito de esta alianza radica en la cooperación binacional. Insisten en que sin una coordinación efectiva con las autoridades venezolanas, los grupos criminales podrían simplemente reorganizarse en el estado Táchira y continuar sus operaciones desde allí. La alianza, en suma, pretende devolver a la fuerza pública la capacidad de inteligencia y presencia estatal en una frontera que durante años ha sido el epicentro de múltiples dinámicas ilegales, y que ahora enfrenta el desafío adicional de la amenaza terrorista internacional.
