El Ministerio de Educación Nacional presentó un proyecto de decreto que modifica el Decreto 1075 de 2015, abriendo la puerta para que entidades privadas e iglesias gestionen el servicio educativo en colegios públicos mediante contratos de prestación o apoyo. La iniciativa, actualmente en fase de comentarios en el Sistema Único de Consulta Pública, Sucop, propone seis tipos de contratación —incluyendo privados, subsidio a la demanda y confesiones religiosas— y busca diferenciar los contratos de prestación de servicios de aquellos destinados a apoyar la administración educativa, todo con el objetivo de cubrir la insuficiencia de oferta oficial en las entidades territoriales certificadas.
Según el texto del proyecto, los operadores privados que aspiren a contratos de apoyo a la administración deben acreditar al menos diez años de experiencia, y la duración de estos convenios podrá oscilar entre dos y doce años. La contratación directa de privados solo se permitirá de manera excepcional, una vez se demuestre que no existe oferta pública suficiente. En cuanto a las iglesias y confesiones religiosas, el artículo 2.3.1.3.1.6, parágrafo 2, las habilita para promover e implementar estrategias de desarrollo pedagógico en colegios oficiales, utilizando infraestructura pública y personal disponible. Sin embargo, se prohíbe subcontratar el objeto pactado, vincular personal oficial o recurrir a cooperativas de trabajo asociado. Al finalizar cada contrato, todos los bienes adquiridos deberán transferirse a la entidad pública y se debe garantizar la continuidad de la atención estudiantil.
Advertencias de Fecode y riesgos constitucionales
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, ha expresado una firme oposición al proyecto, al considerar que incluye artículos orientados a privatizar la educación pública, dirigir recursos públicos hacia operadores privados y facilitar condiciones laborales más precarias para los docentes. En un comunicado divulgado durante la consulta pública, el gremio señaló que la participación privada podría institucionalizarse, implicando una privatización gradual de la enseñanza oficial y la precarización del trabajo docente. Además, advierte que los profesores contratados bajo régimen de derecho privado quedarían sin vínculo laboral público y sin acceso a la carrera docente, lo que vulneraría derechos fundamentales.
«El proyecto incluye artículos orientados a privatizar la educación pública, dirigir recursos públicos a operadores privados y facilitar condiciones laborales más precarias para los docentes, entre otros aspectos que Fecode considera inconstitucionales»
Fecode, Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación
Los contratos con iglesias también han encendido alarmas en el debate público, pues plantean riesgos constitucionales respecto a la laicidad del Estado y la neutralidad educativa que debe regir en los colegios oficiales. El subsidio a la demanda, otro de los mecanismos contemplados, solo se autoriza para estudiantes y territorios que cumplan condiciones socioeconómicas y legales muy específicas. Mientras el decreto permanece en consulta pública, las organizaciones sindicales y sectores ciudadanos han comenzado a movilizarse para exigir modificaciones o el retiro de la iniciativa, argumentando que la educación pública no puede ser mercantilizada ni cedida a intereses privados o religiosos.
